GINEBRA (27 de septiembre de 2016) – Anticipándose al Día de Acción Global para el acceso al aborto seguro y legal, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instó a todos los Estados del mundo a derogar las leyes y las políticas restrictivas sobre el aborto, así como todas las medidas punitivas y las barreras discriminatorias para el acceso a servicios seguros de salud reproductiva.
Los expertos también expresaron su apoyo a la iniciativa de organizaciones no gubernamentales para considerar el 28 de septiembre día oficial de la ONU para el aborto seguro en todo el mundo, y así instar a los gobiernos a despenalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible.
“En el siglo XXI el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan aproximadamente 22 millones de abortos inseguros en todo el mundo y se estima que 47.000 mujeres mueren anualmente debido a complicaciones derivadas del recurso a prácticas inseguras para la interrupción del embarazo.
La penalización del aborto y la denegación de proporcionar un acceso adecuado a servicios para la interrupción de un embarazo no deseado son formas de discriminación basadas en el sexo. Las legislaciones restrictivas que niegan el acceso al aborto seguro, son una de las formas más perjudiciales de la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y una grave violación de sus derechos humanos. Las consecuencias para las mujeres son graves y a veces acaban pagando con sus vidas.
Estas leyes restrictivas se aplican al 40% de la población mundial. En los países que prohíben el aborto, las mujeres que buscan servicios de salud en relación con la interrupción de un embarazo, ya sea con el fin de llevar a cabo dicha interrupción o para buscar atención médica después de un aborto espontáneo, pueden ser sometidas a un proceso judicial y ser encarceladas. La prohibición no reduce la necesidad ni el número de abortos; sólo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y las niñas que acuden a servicios inseguros e ilegales.
La educación sexual integral basada en la evidencia y la disponibilidad de métodos anticonceptivos eficaces son esenciales para reducir la incidencia de embarazos no deseados y, por lo tanto, para reducir el número de abortos. De hecho, se ha demostrado que los países en donde se facilita el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos modernos y donde el aborto es legal, tienen los índices de aborto más bajos. La posibilidad de acceder a un aborto seguro sigue siendo esencial: los embarazos no deseados no pueden prevenirse totalmente, dado que ningún método anticonceptivo es eficaz al 100%, y que las mujeres pueden estar expuestas a la violencia sexual.
Recomendamos la buena práctica en uso en mucho países que garantiza el acceso de las mujeres a los servicios de aborto seguro, durante el primer trimestre del embarazo o, posteriormente, en caso de riesgo para la vida o la salud, incluida la salud mental, la violación, el incesto y el impedimento irreversible del feto. En este contexto, los Estados también deberían permitir que las niñas y adolescentes embarazadas pudieran interrumpir embarazos no deseados, los cuales, llevados a cabo, si se llevasen a término las exponen a un riesgo mucho mayor para su vida y salud, incluida una muy alta probabilidad de sufrir de una fístula obstétrica, y también impiden la finalización de su educación y obstaculizan el desarrollo de sus posibilidades económicas y sociales.
Instamos a los Estados a derogar las leyes y políticas restrictivas en relación con el aborto, que no cumplen con los requisitos de las normas internacionales de derechos humanos y que tienen un impacto discriminatorio y negativo para la salud pública, y a eliminar todas las medidas punitivas y barreras discriminatorias para el acceso seguro a los servicios de salud reproductiva. Estas leyes y políticas violan el derecho humano de la mujer a la salud y niegan su autonomía en la toma de decisiones acerca de su propio cuerpo.
No podemos tolerar la grave violación de los derechos humanos de la mujer en base a su sexo y sus diferencias biológicas. No podemos tolerar la alta incidencia de las muertes evitables de mujeres y niñas que resultan de cuestiones relacionadas con la maternidad, incluido el aborto inseguro.
El Día de Acción para el acceso al aborto seguro y legal
En los últimos 30 años, los grupos de derechos de la mujer se han movilizado el 28 de septiembre, denominado el “Día de Acción para el acceso a un aborto legal y seguro”, para instar a sus gobiernos a despenalizar la interrupción del embarazo, acabar con el estigma y la discriminación en torno a la práctica del mismo, y prestar tales servicios en un marco legal, de manera segura y asequible.
Originario de América Latina y el Caribe, el 28 de septiembre, que conmemora la abolición de la esclavitud de los niños nacidos de madres esclavas en Brasil, fue rebautizado como día del “vientre libre” y el movimiento se extendió a todas las demás regiones del mundo.
Si bien la esclavitud ha sido abolida, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que los cuerpos y vientres de las mujeres de todo el mundo dejen de ser instrumentalizados en nombre de la moral o las tradiciones patriarcales y con fines políticos, económicos o culturales.
Unimos nuestras voces a las voces de muchas organizaciones no gubernamentales fuertes y valientes que han solicitado el acceso a abortos seguros en todo el mundo mediante la solicitud de que el 28 de septiembre sea declarado el día internacional de la ONU sobre el aborto seguro.”
