Para el Supremo mexicano, que el Gobierno tenga acceso a la información privada de la población, no es anticonstitucional.
Un grupo de activistas interpuso un amparo contra esta ley, que fue rechazado este miércoles por la Corte.
Ante esta negativa, los activistas anunciaron que demandarán al Estado mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para revertir “este grave atentado contra la privacidad y seguridad de todas y todos los mexicanos”, al considerar que contradice los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente el derecho a la privacidad.
Todo bajo el argumento de facilitar la captura de delincuentes, con lo que todos los ciudadanos quedan automáticamente bajo sospecha, según denuncian los activistas.
Esto significa que la autoridad que requiera conocer las comunicaciones históricas de un usuario requerirá autorización judicial, pero no para ubicar en el momento al propietario de un móvil.
Fuente: http://elpais.com/internacional/2016/05/05/mexico/1462419652_838421.html
