Jaime GUERRERO
OAXACA (#página3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca advirtió la existencia de una violencia estructural que, agravada con circunstancias como la coyuntura electoral, la presencia del crimen organizado y la estigmatización del ejercicio periodístico, ha provocado un clima de ataques sistemáticos contra personas dedicadas a informar a la sociedad.
A próposito de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en este año se registró un incremento en las agresiones y hostigamiento contra comunicadores, que incluso llegó al homicidio de Heber López en Salina Cruz, región del Istmo de Tehuantepec, donde también se encuentra un polo de desarrollo económico del país.
El organismo autónomo informó que, entre enero de 2015 y hasta el 18 de febrero de 2022, ha iniciado 297 investigaciones derivadas de quejas y/o cuadernos de antecedentes relacionados con violaciones a los derechos de personas periodistas en la entidad y tan solo en lo que va del año, ha iniciado ocho expedientes.
Mientras que, de acuerdo a datos abiertos de la organización Artículo 19, entre 2013 y hasta 2022, un total de 11 periodistas en el estado han sido víctimas de homicidio, siendo el último de los casos el de Heber López Vásquez, ocurrido el pasado 10 de febrero en Salina Cruz.
A través de un comunicado, la DDHPO señaló que la presencia de grupos criminales en la región del Istmo de Tehuantepec, así como en la zona costera de la entidad, y en distintos puntos del estado, ponen en condiciones de mayor vulnerabilidad a las y los periodistas.
Ante lo cual, llamó al Estado mexicano a efectuar una intervención integral que atienda sí a la seguridad de las y los periodistas, pero también de la sociedad en su conjunto, además de que los mega proyectos que se impulsan, estén acompañados de procesos de paz y desarrollo comunitario que permita la cohesión de la sociedad y beneficios para las y los habitantes de la zona.
Para la DDHPO también resulta alarmante la presencia de grupos de choque en manifestaciones, los cuales incluso portan armas de fuego en las vialidades, ya que esto contribuye a la criminalización de la protesta social y pone en estado de indefensión a las y los periodistas que dan cobertura a la información, así como a las propias personas que se manifiestan.
De la misma forma, el organismo autónomo se pronunció por garantizar la libertad de expresión de las personas periodistas, ya que cuando un periodista es violentado, no solo se afecta a una persona o una familia, sino a toda una comunidad que es informada a través del comunicador y se acalla una voz fundamental para la toma de decisiones de la sociedad y los contrapesos del poder público y privado.
