Paulina RÍOS
El poder económico se impuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conceder el amparo a Coca Cola-Femsa, ante la Ley anti PET, aseguró Horacio Sosa Villavicencio, el diputado oaxaqueño que impulsó esta ley.
En entrevista con página3.mx, el legislador local sostuvo categórico que la decisión de las y los ministros que otorgaron el amparo a la transnacional no pensaron en el bien de la humanidad, sino en la empresa.
“Desde Oaxaca se estaba sentando un precedente para todo el mundo, y la Corte lo frenó”, afirmó el representante popular.
Lamentó la decisión del amparo porque así la Corte dio paso a que otras empresas también realicen el mismo procedimiento y con ello se dan pasos atrás en el cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, adelantó que no cejará en la lucha por evitar el uso del PET y lo hará a través de dos vías.
Una será el trabajar desde las comunidades en la concientización de no utilizar el el plástico y no comprar productos de Coca Cola, y la otra vía será presentar su reforma legislativa en la Cámara Federal de Diputados.
También culpó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa de esta desgracia, ya que desde 2019 en que fue aprobada la Ley para la prevención y gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Oaxaca (Ley anti PET), fue omiso para hacerla realidad.
“No otorgar el amparo era sentar un precedente, pero hoy nos pone al descubierto que las y los ministros no asumieron la responsabilidad de cuidar el ecosistema. Se impuso el poder económico”, arremetió el legislador.
Este miércoles 17 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las fracciones XI (prohibición de botellas de PET) y XII (prohibición de envases de unicel), del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Oaxaca.
La declaratoria de inconstitucionalidad fue a raíz de los amparos promovidos por Coca Cola-Femsa, a través de su embotelladora Propimex y su comercializadora Oxxo, las cuales buscaban y lograron continuar con la distribución de productos en plásticos de un solo uso, las botellas de PET.
La ley anti PET fue aprobada el 10 de abril de 2019, con los votos en contra de la entonces diputada Victoria Cruz Villar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre otros.
En la reforma, se estableció que las dependencias y entidades de los tres Poderes que conforman el Gobierno del Estado de Oaxaca, los gobiernos municipales, así como los órganos autónomos del Estado tienen prohibido adquirir, usar o distribuir esos plásticos.
Sosa Villavicencio precisó que el amparo concedido afectan solamente dos fracciones de un artículo, de manera que el resto de las disposiciones del amplio paquete de reformas sigue completamente vigente.
Por ello, la prohibición de popotes y bolsas de plástico que no contengan al menos 30 por ciento de material reciclado es vigente en Oaxaca junto con las otras normativas.
Y reiteró que el Gobierno del Estado es responsable de incumplir sus obligaciones constitucionales y de ley y pese a ello, “vamos a seguir dando la lucha, hasta que se convierta en ley”.
