Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La desaparición forzada se ha consolidado como política de Estado, muestra de ello son los más de 110 mil detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales en el país, denunció el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.
A casi ocho años de la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Comité iniciará en Oaxaca una gira nacional para exigir al Estado mexicano acate la resolución judicial emitida por el Noveno Tribunal Colegiado donde ordena buscar en las principales cárceles y campos militares, a fin de dar con el paradero de estos dos luchadores sociales.
Consideran que esta resolución es un hecho que por sí mismo sienta un precedente jurídico-político en la lucha histórica en el país por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos.
Esta gira denominada “Desaparición forzada, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad” se realizará en varias ciudades del país, donde se proponen dar nombre y apellido a cada una de las víctimas y exigir al Estado mexicano acate la resolución judicial.
Destacaron que en situación similar se encuentran las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos; el indígena chatino Lauro Juárez; el profesor Carlos René Román Salazar; el señor Teodulfo Torres Soriano; y los 43 estudiantes normalistas detenidos desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Reconocieron que la lucha emprendida por los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos ha sido abrazada por el pueblo mexicano porque la violencia proviene del Estado Mexicano.
Sin embargo, no debe extrañar que la versión oficial de que fue la “delincuencia organizada” quien ejecutó estos crímenes contra los normalistas, haya caído por su propio peso y colocado a las fuerzas castrenses como responsables de estos y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
El Comité conjuntamente con la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), demandaron que el Estado mexicano acepte la búsqueda en los cuarteles militares porque no es un hecho fortuito ni una concesión benevolente, se trata de un logro basado en una lucha emprendida tanto en aspecto jurídico como en el político.
Consideran que el movimiento popular en su conjunto debemos mantener en alto las banderas por la exigencia de presentación con vida, ya que los detenidos desaparecidos son del pueblo.
De igual forma, manifestaron que es necesario conformar un organismo colectivo, una asociación de familiares en plano nacional, para romper el miedo del silencio y sacar del anonimato a las miles de víctimas de estos crímenes de Estado.
