Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- “En Oaxaca hay una total ausencia de la autoridad, así con todas sus letras”, afirmó la coordinadora nacional de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación, Loretta Ortiz Ahlf al presidir hoy el Foro Escucha donde conoció desde las represiones de 1996, 2006 y 2016, hasta feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y presos políticos.
Agregó que “ni el gobierno local, ni la procuraduría, ni los presidentes municipales, en sí los actores políticos por acción o por omisión cumplen con su responsabilidad por eso son esos reclamos con gritos, llantos, pancartas y manifestaciones porque algunas llevan mas de 20 o 30 años reclamando”.
Consideró que “lo primero que debemos hacer es atender la parte de la justicia y a la par entrar con los procesos de paz. Mientras no podamos atender esos reclamos de justicia no vamos a resolver ese asunto, no vamos a tener inicios del proceso de paz”.
Al hacer un diagnóstico sobre el caso de Oaxaca, dijo que “tenemos una situación grave en Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas, pero en Oaxaca se agrava mas por lo presos políticos, los feminicidios y las represiones como el caso de Nochixtlán, el asesinato de defensores o desapariciones, cooptación de territorios y no respeto de los pueblos originarios”.
En síntesis, agregó, “es un sin número de violaciones graves a los derechos humanos y nos obliga al nuevo gobierno (que presidiría Andrés Manuel López Obrador) a cumplir por eso vamos a federalizar en la materia (porque) si nos confiamos con las autoridades actuales no se va a resolver el problema”, puntualizó.
Luego de escuchar en el décimo sexto foro reclamos de justica desde la represión que encabezó el entonces presidente Ernesto Zedillo y el gobernador Diódoro Carrasco, en la región Loxicha por la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), pasando por la revuelta de 2006 que fue sofocada violentamente por el panista Vicente Fox y el priista Ulises Ruiz Ortiz, hasta la masacre de Nochixtlán en 2016 que ordenó el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y el gobernador aliancista (PAN-PRD-PC), Gabino Cué Monteagudo, se comprometió a implementar la Justicia transicional.
Explicó que la justicia transicional abarca los ejes de justicia, verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición y el 24 de octubre se presentaran las conclusiones para entregar un proyecto de ley de justicia transicional y de amnistías que se llamará Ley General de Justicia Verdad y Garantías de no repetición y reparación a las víctimas.
Hizo hincapié que la unidad de seguridad humana por la paz que estará a su cargo para el proceso de pacificación en el país no es obra ni de una secretaria es todo el gobierno federal y los locales.
Y es que “si no se obtiene esta pacificación van a seguir sucediendo desapariciones, ejecuciones en fin cantidad a violaciones a los derechos humanos y tendrá un área área de amnistías”.
Sin embargo, reconoció que “se va a requerir de una reforma constitucional por la sencilla razón porque los que se van a someter a este sistema de justicia son los principales crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones, desapariciones, feminicidios, tortura, delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos, trata de niños, niñas y adolescentes, así como tráfico de migrantes”.
En el caso de los presos políticos se va analizar caso por caso al igual que a los presos por su ideología política, sedición, niños, niñas adolescentes cooptados por el crimen organizado y que no haya cometido acto violento, mujeres en la cárcel, presas porque cometieron un aborto.
Aclaró que nunca va a proceder una amnistía por desaparición, ejecución, feminicidios, delitos contra de periodistas, tortura o tráfico de migrantes ni disminución de penas como el caso de Javier Duarte.
