Cimacnoticias
Organizaciones civiles que protegen los derechos de las personas migrantes responsabilizaron al Estado mexicano de las violaciones a Derechos Humanos (DH) que enfrentan las mujeres migrantes por tránsito en este país, ya que –aseguran- los esfuerzos que ha emprendido hasta ahora han sido insuficientes.
El Colectivo de Apoyo para personas Migrantes (Coami), conformado por activistas y profesionales, presentó el pasado 26 de diciembre en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) su estudio “Miradas Migrantes”, que trata sobre la situación de las mujeres migrantes en México.
De acuerdo con el informe, que se elaboró con base en entrevistas a mujeres migrantes y estudios en la materia, el Estado mexicano es responsable por acción y omisión de la violación de DH de las migrantes, entre las que observaron robos, secuestros, extorsiones, violaciones sexuales, trata de personas y otros delitos de los que ellas son víctimas frecuentes.
Destacaron que algunas de las violaciones a DH que detectaron que ocurren frecuentemente contra las migrantes, las toleraron o incluso las cometieron agentes del Estado.
El Coami detalló que el Estado es responsable de estas violaciones, ya que ha solapado que se prive del derecho a la vida e integridad personal a mujeres migrantes, que no se garantice su derecho a una vida libre de violencia, al respeto de su integridad física, psíquica y moral, o a que no sean sometidas a torturas.
Las y los activistas señalaron que el Estado también vulneró los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y no garantizó su derecho a no ser víctimas de violaciones, abuso o acoso sexual. A esto se suma que los prestadores de servicios sanitarios no prestaron atención de salud para las mujeres sin considerar su condición migratoria.
Además de que tampoco se respetó su derecho a la asistencia, la protección, la atención, la debida diligencia, a la verdad, la justicia, a la justicia y a la reparación integral del daño.
CONTRA TRATADOS INTERNACIONALES
Las y los activistas observaron que la violencia contra las migrantes prevalece en el país a pesar de que esto incumple la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belém do Para), ratificada por México desde 1998, y la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familias, ratificada también por el Estado un año después.
Tras la recolección de testimonios, el Coami detectó que al menos dos mujeres reconocieron haber recibido un trato indigno durante su detención en estaciones migratorias y que tres informaron que fueron perseguidas u hostigadas por autoridades migratorias.
ACCIONES INSUFICIENTES
Si bien el Coami destacó que el Estado ha tenido algunos avances a favor de dotar de garantías a la población migrante -la mayoría empujados por las organizaciones civiles-, estos han sido “insuficientes”, según lo demuestra la situación actual de las migrantes.
Además de que los marcos normativos para proteger la vida de las mujeres –aseguran- no registran acciones puntuales para atender la situación que enfrenta la población femenina migrante, lo que “denota la falta de interés por parte del Estado mexicano”.
Por lo anterior, urgieron a fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género feminista dentro de la política migratoria, así como promover la articulación con otras políticas públicas vinculadas.
