Jaime GUERRERO
Rosalba Karina García Sosa, exjefa del departamento de Validación de actas y formatos del Registro Civil, denunció actos de corrupción en esa dependencia a cargo de Alfredo Santiago Chávez, esposo de la ex directora Dulce Belén Uribe, quien dejó la dependencia para ser electa como diputada local por el partido Morena.
Asimismo, la ex funcionaria denunció hostigamiento y violencia de género en su contra desde el pasado 13 de junio.
Éste martes, acompañada de activistas protestó frente a palacio de Gobierno para pedir la intervención del Gobernador, Salomón Jara Cruz, debido a que Santiago Chávez, comete actos ilegales: despido injustificado, actos de desvío de recursos, fraudes y pago a aviadores.
García Sosa aseguró que pudo atestiguar múltiples actos irregulares cometidos por el titular del Registro Civil.
Acompañada de activistas, entre ellas, Yéssica Sánchez Maya, demandó la intervención inmediata de la Secretaría de Honestidad a fin de que investigue y deslinde responsabilidades del funcionario.
Acusó también que las irregularidades fueron cometidas por Cesáreo Tomás Vásquez García y el contador Luis Antonio Medina Bustamante.
García Sosa relató que fue sometida a más carga de trabajo, extendiendo su jornada laboral llegando hasta las 24 horas diarias.
Ante las quejas presentadas al director del Registro Civil y las denuncias de actos corruptos en la institución, comenzó a ser agredida verbalmente y se le exigió de manera prepotente realizar sus labores.
Sostuvo que existen personas que cobran en la nómina del Registro Civil sin que se presenten a trabajar, principalmente en las Oficialías.
En su protesta frente al Palacio de Gobierno, denunció que los encargados de la dependencia han incurrido en el desvío de los recursos que el Registro Nacional de Población (Renapo) transfiere de manera anual a la dependencia y que ascienden a 5 millones de pesos.
Aseguró que, en un informe, la Dirección del Registro Civil justificó la implementación de 3 millones de pesos de esos recursos, los cuales tenían el objetivo de dar mantenimiento a las instalaciones, así como hacer el pago de luz, agua e internet.
Sin embargo, la dependencia no cuenta con servicios de agua potable y tampoco con el equipo básico para que los trabajadores puedan cumplir con sus funciones.
Existe otra denuncia realizada ante Derechos Humanos debido a irregularidades en las cotizaciones de empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dejando el precedente de violencia laboral en el Registro Civil.
García Sosa fue despedida y obligada a salir de su oficina, y no se le permitió tomar todas sus pertenencias.
A pesar del auxilio que pidió a la policía, no le fue posible más que sacar objetos de uso y decoración como cuadros y tazas, dejando atrás documentación, tarjetas, credenciales, un disco duro y una laptop.
Mencionó que el extravío o sustracción de una hoja de los documentos con los que trabajaba tiene una sanción de seis mil doscientos cincuenta pesos de acuerdo con el artículo 272 del código fiscal, motivo por el cual solicitó a apoyo para certificar los objetos que estaba llevando consigo.
“Mi temor era ese, que me atribuyeran algún tipo de responsabilidad en base a que fincaran que me estaba llevando algunas hojas, por ese llevé al policía”, expresó Karina.
Ambos fueron acusados de violentar a terceros hasta que consiguieron sacarlos de las instalaciones.
Alrededor de las 15:20 horas se le cerró la puerta, reteniendo a su hijo dentro de las instalaciones en contra de su voluntad para después ser sacado a empujones.
