- Se tienen diferentes niveles de información pública, ya que a nivel nacional no hay homogeneidad sobre la información publicada en el micrositio estatal.
Transparencia Mexicana y Tojil presentaron los riesgos de corrupción y opacidad que, pese a diferentes esfuerzos civiles y gubernamentales, siguen latentes, entre ellos, señalaron la falta de claridad en los planes en contra del Covid-19 y las contrataciones realizadas por el Gobierno de Chiapas.
Ambas organizaciones señalaron que a 100 días del inicio de las medidas de distanciamiento social por COVID-19 y del Mecanismo de seguimiento a planes, fondos, programas y acciones –onocido como “Susana Vigilancia”
Entre las observaciones, se mencionó que Chiapas justo a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán no transparentan apropiadamente las contrataciones gubernamentales.
“No se pueden consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia detallando como mínimo el bien o servicio contratado, el monto, la razón social y RFC del proveedor” expresaron en la información.
Además, se tienen diferentes niveles de información pública, ya que a nivel nacional no hay homogeneidad sobre la información publicada en los micrositios estatales. 10 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
“No publican información sobre planes, programas o acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos. Los diferentes niveles de información en micrositios oficiales limitan el derecho a saber de las personas” añadió.
Las organizaciones mencionaron que es necesario que la información sobre la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales estén en un solo micrositio especializado por estado, y que la autoridad que lo aloje sea responsable jurídicamente de la veracidad de la información publicada.
“No se cuenta aún con información detallada que permita la rendición de cuentas sobre las acciones emprendidas a partir de la pandemia. Al día de hoy, 22 gobiernos estatales y el Gobierno Federal publican información sobre programas y acciones en el marco de la emergencia, aunque no en todos los casos publican reglas de operación, el presupuesto asignado y su avance” explicaron.
Además, de los 34 órganos legislativos, sólo dos han activado mecanismos de fiscalización. Los congresos de Sonora y Coahuila activaron comisiones de vigilancia. Sonora, además, es el único estado que ha activado una auditoría especial para vigilar los recursos ejercidos por COVID-19.
