Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Constructores exigieron la renuncia d el director del Centro SCT en Oaxaca, Rafael Navarrete Quezada, y del subdirector de Obras, Julio César Medellín Yee, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigan las irregularidades en la contratación de la obra pública que rebasan los montos de 580 millones 891 mil pesos.
Por lo pronto, los integrantes del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños (CADCO) ratificaron su denuncia ante la PGR en contra del director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Oaxaca y del subdirector de Obras, por los delitos de ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad, al adjudicar 33 contratos que rebasan los montos autorizados el presupuesto de egresos de la federación de 2014.
Además, desmintieron al gobernador Gabino Cué, quien afirmó que en el primer semestre de 2016 inaugurarán las autopistas Mitla-Tehuantepec (región al Istmo) y Barranca Larga–Ventanilla (región de la Costa), ya que las obras apenas llevan al 55 % y en algunos tramos ya comenzaron a deteriorarse por la mala calidad y nula planeación del proyecto.
Recordaron que el pasado 13 de mayo denunciaron estas irregularidades ante la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ante la PGR, ya que se adjudicaron de manera directa y por invitación restringida, un total de 33 contratos que rebasan los montos autorizados por el presupuesto de egresos de la federación, ejerciéndose ilegalmente, en el ejercicio fiscal 2014, un monto total de 580 millones 891 mil pesos.
Revelaron que actualmente “la denuncia presentada ante la PGR se encuentra en la primera etapa del procedimiento y acabamos de ratificar dicha denuncia por hechos que pueden constituir los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 217 del Código Penal Federal”.
Por lo que hace a las denuncias presentadas ante la Secretaría de la Función Pública y la ASF, estas fueron remitidas al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo cual actualmente se encuentra en la etapa de investigación para deslindar o, en su caso, fincar la responsabilidad a la que se hacen acreedores estos funcionarios de comprobarse que incurrieron en alguna falta.
El representante de la CADCO, Luis Alberto Ramírez Colmenares, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se aplique la ley y que estos actos de corrupción no queden en la impunidad.
Respecto a las irregularidades, detallaron que el Centro SCT de Oaxaca ejerció en el 2014 un monto de tres mil 220 millones de pesos, de los cuales 580 millones de pesos se adjudicaron de manera ilegal en 33 contratos, es decir, pasando por alto la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Explicaron que el importe máximo para contratar obra pública federal por invitación restringida es de 10 millones 585 mil pesos, mientras que el monto máximo para contratar obra pública federal por adjudicación directa es de 1 millón 230 mil pesos, entonces, de los 365 contratos que convino el Centro SCT Oaxaca en el año 2014, 33 contratos están fuera de la Ley.
Otro punto de la demanda es que la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas dice que la suma de los contratos por invitación y adjudicación no debe ser mayor al 30% del presupuesto autorizado para hacer obras y en este caso la suma de los contratos que se hicieron por esos métodos en el año 2014 por el Centro SCT Oaxaca fue de 1 mil 374 millones de pesos, lo cual representa el 43% del monto autorizado.
A ello, se suma que el 65% de la obra contratada del Centro SCT Oaxaca fue para empresas foráneas, es decir, de los tres mil 220 millones de pesos que ejerció en el año 2014, dos mil 037 millones de pesos fue para firmas que no son de Oaxaca.
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