- *Desde el Congreso presentan punto de acuerdo para llamar a cuentas a funcionarios. | *Les acusan de cobrar cuotas para brindar el servicio, el robo de identidad de los hermanos Gómez Conzatti y la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.
Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Ante los presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos al interior del Registro Civil del Estado de Oaxaca, el Congreso local exigió al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa que realice las investigaciones y sanciones conforme a Derecho.
El Congreso solicitó proceder con las responsabilidades administrativas e imponer sanciones y, en su caso, promover ante las autoridades correspondientes las acciones penales, civiles o administrativas, que conforme a Derecho procedan, por las irregularidades que se encuentren durante la investigación.
Luego que funcionarios del Registro Civil han sido exhibidos por la presunta exigencia de cuotas para brindar el servicio, el robo de identidad de los hermanos Gómez Conzatti y la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos para despojarlos de sus tierras, pese a que se encuentran vivos, se llevó un punto de acuerdo para que se investiguen estas anomalías.
Cabe mencionar que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha iniciado, entre 2018 y hasta el primer semestre de 2021, 105 quejas relacionadas con actos que podrían constituir violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del Registro Civil.
PUNTO DE ACUERDO
Durante la sesión ordinaria de este miércoles se presentó un punto de acuerdo, el cual fue aprobado de urgente y obvia resolución busca poner fin a presuntas anomalías en las oficialías del Registro Civil.
En el punto de acuerdo el exhorto va dirigido a la Dirección del Registro Civil, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y al Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que se indaguen y atiendan las denuncias realizadas por la ciudadanía, por cobros ilegales realizados por funcionariado de las oficialías del Registro Civil, así como otros jefes de los departamentos y responsables de oficinas de dicha dependencia.
Según las acusaciones recibidas por representantes populares, existe una presunta exigencia de cuotas por parte de autoridades de alto nivel, a los oficiales o empleados de menor rango, obligándolos a aplicar cuotas indebidas en estos servicios a la población en general.
Y es que las oficialías u otras oficinas del Registro Civil del Estado de Oaxaca, no tienen ninguna facultad legal para realizar recaudaciones por los servicios que prestan, por lo que estos son ilegales, faltas administrativas graves y sancionables en la vía administrativa.
UN GRAVE CASO
Apenas el pasado 25 de mayo, los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) al enfrentarse a una red de “delincuencia organizada” orquestada desde el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para despojarlos de su identidad y de sus propiedades ubicadas en el Centro Histórico.
Y es que desde el Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca se maquinó el despojo y robo de identidad de dos propiedades ubicadas en el Centro Histórico de Oaxaca con un valor superior a los 50 millones de pesos por lo que queja incluye el delito por robo de identidad, despojo, amenazas, desprestigio e intimidaciones.
Denunciaron que desde el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca maquinaron el despojo, el robo de identidad (al desaparecer sus actas de nacimiento en el Registro Civil de Oaxaca) y la desaparición de expedientes de los dos inmuebles en el Instituto Catastral del Estado.
Y recientemente, la Defensoría inició el expediente DDHPO/1007/(25)/OAX/2021 por el caso de Santo Domingo Ixcatlán donde el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria declararon muertos a mil 13 comuneros para despojarlos de sus tierras, pese a que se encuentran vivos.
Este hecho, advirtió la Defensoría, vulnera entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente, el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), así como el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y se sancionen a los funcionarios implicados de la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.
