Ignacio Martínez Platas
AGENCIA JM
Oaxaca, Oax.- Al exigir un alto al terrorismo magisterial, la Coordinadora General de Padres de Familia “Por Una Cultura Educativa” Luisa García Cruz, lamentó que, ante la falta de argumentos legales la Sección 22 de la CNTE tenga que recurrir sistemáticamente al chantaje y al mercantilismo.
La Coordinadora General de Padres de Familia, exigió al gobierno del estado poner fin al terrorismo magisterial y se aplique la Ley del Servicio Profesional Docente a quienes insisten en generar el caos y la desinformación entre los maestros, padres de familia y estudiantes.
Recordó que apenas hace seis meses, la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE y sus 200 seguidores tenían como objetivo el boicot a la evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Docente y la Evaluación a la Permanencia en el Servicio Profesional Docente, lo cual, jamás lograron.
Posteriormente, añadió, tomaron como bandera política el tema de los maestros “regularizados” y la contratación de los egresados de las once escuelas normales del estado, lo cual tampoco lograron, ya que a la fecha el 90% de los “regularizados” y de normalistas han sido evaluados y contratados, además de que ya cobran normalmente sus quincenas.
Al no tener más “argumentos de peso”, dijo, los disidentes de la Sección 22 de la SNTE, tomaron como rehén a la Guelaguetza, amagando con un boicot a la máxima fiesta de los oaxaqueños, lo cual también sólo quedó en una simple amenaza y no pasó a mayores.
Luisa García señaló que ante la falta liderazgo y de poder de convocatoria de la dirigencia seccional, el supuesto boicot sólo quedó en una amenaza declarativa y por lo consiguiente, fue un fracaso total.
Siguiendo con su actitud chantajista y mercenaria, la disidencia de la CNTE encontró otro argumento para chantajear al gobierno del estado y al gobierno federal, y advierte que el inicio del ciclo escolar 2017-2018 está supeditado a la solución a sus demandas.
Entre sus exigencias, destaca la contratación automática y pago inmediato a los maestros “regularizados” que se presentaron a la evaluación y perdieron sus plazas; la contratación automática de los normalistas que no se evaluaron; libertad de los presos políticos y la derogación de la Reforma Educativa.
Luisa Cruz García, dijo que el gobernador Alejandro Murat encabezó las mesas de diálogo en las que se atendió, discutió y se emitieron las respuestas correspondientes, por lo que a éstas alturas ya no hay nada que negociar, aclaró.
