CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que el extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alfonso Isaac Gamboa Lozano, tenía mucho que aportar en la investigación de desvío del erario público del ramo 23, en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Gamboa Lozano fue asesinado ayer en el fraccionamiento Brisas de Temixco, en el estado del Morelos, junto con dos hombres y dos mujeres.
El fiscal de Chihuahua condenó el crimen, que calificó como “conducta encaminada a transgredir el derecho a la vida”, y lamentó que el exfuncionario se fuera con mucha información que podría aclarar la investigación de los presuntos delitos cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“En Chihuahua, la entonces PGR (Procuraduría General de la República) y el entonces gobierno federal hicieron todo, absolutamente todo, incluso torcer la ley, para arrebatar a Chihuahua esa investigación que aún permanece pendiendo de un hilo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde esperamos recuperar la calidad de víctima para el estado de Chihuahua, a fin de poder continuar con la investigación”, detalló Peniche Espejel.
El gobierno de Chihuahua no alcanzó a citar al exfuncionario federal para que declarara, porque a través del caso que involucra al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, éste promovió amparos para que fuera llevado a instancias federales.
El gobierno estatal impugnó hasta la SCJN, pero ésta desechó el asunto, porque jueces federales no reconocieron la calidad de víctima de Chihuahua.
El fiscal de la entidad está convencido de que Alfonso Isaac Gamboa tenía mucha información que aportar a la serie de hechos que caracterizaron a la anterior administración pública federal, y sobre la discrecionalidad con que se manejaron los recursos del ramo 23.
“Él hizo posible la denominada operación Zafiro. A través de dicha estrategia, desde la Secretaría de Hacienda tuvo lugar una millonaria operación para desviar recursos públicos a través de millonarias asignaciones a algunas entidades federativas con cargo al fondo de estabilización que después eran ejercidas a través de contratos simulados con empresas fantasmas o ‘efos’ y posteriormente desviarlas presuntamente para el uso en campañas políticas”, explicó el fiscal.
Patricia Mayorga
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