Aranzazú Ayala Martínez | @aranhera |
El sábado 21 de febrero un grupo de militares, policías federales, estatales y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entraron al terreno de Claudio Rosas Grande en San Miguel Papaxtla, en el estado de Puebla. Acompañados por representantes de la Dirección General de Gobierno estatal se metieron al terreno ubicado en el paraje conocido como Tecolutla, y acordonaron la zona. Cuando el señor Claudio les dijo que no tenían permiso para entrar, ellos le mostraron un decreto de expropiación que tenía el nombre de una mujer que había fallecido hacía ya 12 años. Pese a que el señor tenía un documento acreditando que él es el dueño de la propiedad, la maquinaria entró para poner uno de los tubos del gasoducto Morelos.
Fernando Cuéllar, representante del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, dijo que lo pasó ese día es técnicamente un despojo. Ante lo ocurrido se presentó una demanda que quedó en la Averiguación Previa AP 339/2015 en San Andrés Cholula, posteriormente radicada en la dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Sin embargo, a la fecha no se ha realizado la inspección ministerial.
Cuéllar explicó en entrevista que desde el inicio el problema del gasoducto ha sido la legalidad, pues el proyecto no es claro y no se han pedido los permisos correspondientes, lo que ha derivado en una alta tensión social en las comunidades por donde va a pasar. Esta tensión se ha visto reflejada de muchas maneras, desde la detención de varios opositores al proyecto (Enedina Rosas y Juan Carlos Flores) hasta la constante presencia de elementos de fuerzas de Seguridad Pública. El constante actuar del Estado de no respetar los acuerdos y violentar los derechos de los habitantes de las comunidades afectadas por el gasoducto –cuyo trazo pasa en Puebla por una zona de alto riesgo volcánico, cerca del Popocatépetl– ha provocado también un hartazgo.
Cuéllar puso como ejemplo al comité ciudadano de Nealtican, que propone que la gente respete la ley, pero la comunidad se cuestiona y dice que si ellos sí respetan, ¿por qué la autoridad no? También ha sido vulnerado el Estado de Derecho cuando la CFE siguió construyendo a pesar de la orden de una juez federal que falló a favor de un amparo interpuesto por los afectados, determinando la suspensión temporal de la construcción del gasoducto.
En noviembre de 2014 los representantes de la CFE no se presentaron a una mesa de trabajo para abordar la problemática, y Cuéllar denunció que lo único que la comisión hace es pedir que los dejen pasar a las comunidades y que las autoridades convenzan a la gente de aceptar los beneficios que les dan.
Nota completa: http://ladobe.com.mx/2015/03/gasoducto-morelos-amenaza-permanente-de-un-estallido-de-violencia/
