Jaime GUERRERO
El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz anunció que solicitará al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, la revocación de la prisión domiciliaria concedida por el juez Teódulo Pacheco Pacheco a Juan Antonio V.C imputado por el delito de tentativa de feminicidio en contra de María Elena Ríos Ortiz.
Además, agregó que solicitó al Poder Judicial de Oaxaca investigar si la actuación del juez estuvo apegada a derecho. “Por justicia debería de mantenerse en prisión el imputado”, expresó.
“Con estricto respeto a la división de poderes, solicitaré respetuosamente al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la Judicatura del estado de Oaxaca, que inicie los procedimientos correspondientes para que se evalúe y garantice que la actuación del juez estuvo apegada a derecho; en caso contrario, deberán aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto su resolución”.
“En Oaxaca no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción ni jueces por consigna”, aseguró Jara Cruz.
Dijo entonces que es momento de promover una reforma y una transformación profunda de Poder Judicial en Oaxaca.
Refirió también que ha solicitado también a la fiscalía general del estado un informe detallado para verificar la actuación del ministerio público y garantizar que se haya hecho la defensa adecuada.
Y es que indicó que no existen las condiciones materiales y de recursos humanos para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar.
Lo anterior -dijo- se desprende de un diagnóstico realizado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la cual determinó que el domicilio al que pretenden trasladar a V.C no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, además de que el Gobierno del Estado carece del personal necesario para garantizar que el procesado no evada la justicia.
“La resolución del juez que concede prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de feminicidio cometido en contra de María Elena Ríos, es una decisión que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima”, sostuvo.
Por ello, instruyó a la secretaria de seguridad a realizar un diagnóstico específico del caso y la conclusión es que, por el momento, no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar.
“El domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno del estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia”.
A través de un boletín de prensa agregó que “el mensaje enviado por el Poder Judicial es muy peligroso y alienta la impunidad en una entidad que históricamente ha presentado altos índices de violencia feminicida. En Oaxaca no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción, ni jueces por consigna. Es momento de promover una reforma y una transformación profunda del Poder Judicial en nuestro estado”.
