En medio de un profundo homenaje de cuerpo presente en la Casa del Periodista y una solemne sepultura en el Panteón General de Oaxaca, familiares, amigos y el gremio periodístico despidieron a Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Al unísono, calificaron su asesinato como un crimen de Estado y exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) el esclarecimiento inmediato del ataque, dejando claro que el ejercicio de la crítica independiente fue la constante de su vida y debe ser la línea prioritaria de investigación.
Gremio despide a Alejandro Leyva con exigencia de justicia: acusan crimen de Estado
En un enérgico homenaje gremial y familiar, el periodismo oaxaqueño demandó a la FGR agotar la línea de investigación vinculada a su labor crítica y no permitir impunidad en el caso.
El estatus de la investigación federal (FEADLE-FGR)
La dolorosa despedida del comunicador se realizó bajo la sombra de la inacción histórica de las autoridades estatales frente a la violencia contra la prensa. Aunque la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR ha ejercido su facultad de atracción oficializando el control del expediente, el gremio advierte que esta medida administrativa no cancela la responsabilidad del Estado mexicano en la nula garantía de protección a periodistas. La atracción federal debe traducirse en detenciones concretas de autores materiales e intelectuales, y no en una congeladora institucional que apueste al olvido.
El homenaje en la Casa del Periodista: la denuncia de crimen de Estado
Tras salir de la funeraria al norte de la capital, el féretro arribó a la sede de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), recinto que fue escenario de innumerables coberturas y debates liderados por Leyva Aguilar. Ahí, el silencio respetuoso se rompió para dar paso a la indignación: integrantes del gremio calificaron abiertamente el asesinato como un «crimen de Estado».
La postura editorial y gremial fue unánime: la violencia sistémica contra los periodistas en Oaxaca no puede entenderse al margen del pacto de impunidad gubernamental y de la vulnerabilidad bajo la cual operan los comunicadores independientes que se atreven a auditar al poder.
El reclamo familiar ante la impunidad
El acto más solemne de rendición de cuentas fue encabezado por el hijo del periodista frente al féretro de su padre. En su intervención, evocó al hombre de convicciones firmes que hizo del ejercicio de la crítica una trinchera inquebrantable de libertad de expresión. Sus palabras plasmaron la gravedad de una pérdida violenta y lanzaron un reclamo incuestionable de justicia a las autoridades.
Posteriormente, bajo los acordes de «A mi manera» interpretados por un trío de guitarras en el Panteón General, decenas de colegas y familiares sepultaron físicamente a Francisco Alejandro, pero dejaron instalada una consigna irreductible: que la voz de Alejandro Leyva no sea sepultada junto con él y que el atentado contra su vida no sea estadísticamente archivado.
El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar es asesinado mediante un ataque armado directo en San Pablo Etla.
Horas antes de su funeral, la FGR (a través de la FEADLE) notifica oficialmente que asume el control total de la carpeta de investigación, desplazando a la fiscalía local.
Familiares y miembros de la APO rinden un homenaje de cuerpo presente, señalando la negligencia estructural de las autoridades y categorizando el homicidio como un crimen de Estado, previo a su sepultura en el Panteón General.
¿Silenciar a la prensa?
¿Qué nivel de vulnerabilidad percibes como ciudadano cuando un estado se muestra incapaz de proteger la vida de los periodistas que investigan y exponen las realidades incómodas de Oaxaca?
¿Por qué el asesinato de un periodista se considera un ataque a toda la sociedad?
Cuando las balas silencian a un comunicador, el daño jurídico y moral trasciende el profundo dolor de su familia y la indignación de su gremio corporativo. Un ciudadano alfabetizado mediáticamente debe entender que asesinar a un periodista es, en realidad, un ataque directo contra el derecho de la sociedad a saber.
Ejercer violencia letal contra una voz crítica genera lo que en derechos humanos se conoce como «efecto inhibidor» (chilling effect). Es una forma de censura indirecta y terror psicológico diseñada para asustar al resto de los medios y lograr que dejen de documentar actos de corrupción, pactos de impunidad gubernamental o la operación del crimen organizado. Exigir justicia para un periodista no es exigir un fuero o un privilegio especial; es defender el derecho que tienes tú, como ciudadano, a conocer la verdad de lo que ocurre en tu entorno sin que quienes te informan paguen con su vida.
Rendición de cuentas a la FEADLE y al Estado
Exigimos a la Fiscalía Especializada (FEADLE) y al gobierno estatal y federal: ¿Cómo garantizarán que el móvil central de esta investigación no sea tergiversado para encubrir a los autores intelectuales del ataque, y qué reestructuración urgente aplicarán al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que ha demostrado ser letalmente inoperante en Oaxaca?
