Jaime GUERRERO
OAXACA (página3.mx).- La hegemonía política y económica de quienes detentan el poder del Estado, sin control alguno invade territorios de los pueblos indígenas, para despojarlos de sus tierras, recursos naturales, algunas veces con engaños y otras a través de la fuerza, violentando su derecho constitucional a la autodeterminación, señaló el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio López Sánchez.
Así, para que el derecho de los pueblos indígenas sea instrumentado, obligando al Estado a que medie entre los diferentes derechos e intereses enfrentados, propuso la Ley General de Consulta Previa a los Pueblos y Comunidades Indígenas, siguiendo criterios de necesidad, proporcionalidad y la consecución de objetivos legítimos de sociedad democrática y pluricultural.
Durante la sesión de la LXIII Legislatura, dijo que a lo largo de la historia los indígenas han tenido que enfrentar la hegemonía política y económica de quienes detentan el poder del Estado, quien sin control alguno invade sus territorios para despojarlos de sus tierras y de sus recursos naturales, algunas veces con engaños y otras a través de la fuerza.
Hechos con los cuales se violenta su derecho constitucional a la autodeterminación, toda vez que se les impide mantener la integridad de sus territorios, acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos, agregó.
Citó como ejemplo la construcción de presas hidroeléctricas, minas y parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros.
Frente a estas arbitrariedades, indicó, los pueblos y comunidades indígenas han buscado la manera de defenderse y resistir estos embates, al grado de que en 1994, en el estado de Chiapas, se levantaron en armas, exigiendo el reconocimiento y respeto de su cosmovisión, de su territorio, de sus bienes y de sus instituciones.
Debido a que no se ha legislado en México el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, en la normatividad internacional existen diversos instrumentos donde se manifiesta la necesidad de reconocer, respetar y adoptar mecanismos que permitan mejores formas de protección a los derechos de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento de sus derechos en las legislaciones nacionales.
López Sánchez, refirió que ante el cumplimiento a instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, la comunidad rarámuri de Huetosachi, de Chihuahua, el pueblo Cucapá, en Baja California, el pueblo Wirrárika, de Jalisco, y los zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca han tenido que acudir a los tribunales para defenderse por la violación a su derecho al territorio y el acceso preferente a los recursos naturales en ellos existentes, así como a mantener su identidad cultural.
A pesar de que algunos de estos recursos han sido resueltos favorablemente, los pueblos y comunidades indígenas deben tener, al igual que el resto de la ciudadanía, el respeto irrestricto a sus derechos y ejercerlos plenamente, sin la necesidad de recurrir a los tribunales para hacerlos valer, indicó.
