Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- En Oaxaca no hay lineamientos ni ordenamientos legales que impidan participar en procesos electorales a candidatos que hayan incurrido en violencia política de género, confirmó el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Y es que organizaciones feministas de Oaxaca reportaron que cerca de 16 actuales Diputados, Ediles, Regidores y síndicos que han incurrido en violencia política contra mujeres dentro de su cabildo, buscan reelegirse o brincar a otro cargo, para las elecciones del próximo 1 de julio.
Por lo pronto, el IEEPCO, avaló sus candidaturas, el pasado 20 de abril.
Actualmente la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) recibió 35 quejas de mujeres que refieren haber vivido alguna forma de violencia política. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca recibió en 2017, 22 denuncias por violencia política contra las mujeres.
Juan García Arias, presidente municipal de San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca, pretende reelegirse a través de la Coalición Todos por México, del PRI-PVEM-Panal.
De acuerdo con las OGN´S, durante el proceso electoral 2016 ejerció violencia contra la síndica municipal, Herminia Quiroz Alavés, a quien hasta la fecha le impide realizar sus funciones.
Guillermo García Cajero, edil de Pinotepa Nacional, Tomás Basaldú Gutiérrez, en Santiago Pinotepa Nacional; Pablo Ánica Valentín y Eloy Bernardo Vargas Alberto, en San Juan Bautista lo de Soto; Ramiro Nolasco Gerónimo, en Santo Domingo Zanatepec; Juan García Arias, en San Juan Colorado; Camilo Magdaleno González Othón, en San Juan Ihualtepec; Alejandro Justino Cruz Díaz, en San Pablo Huixtepec y Tomás Salas Mariano en Ayotzintepec.
Asimismo Víctor Aguilar Ricárdez, en San Pedro Huamelula; Eutiquio Sierra Cortés, en Santa Cruz Tacache de Mina; Alejandro Palacios Palacios, en San Pedro Huilotepec; Leocadio González Calleja en San Juan Bautista Tlacoatzintepec; Rodimiro Castellanos Ibáñez en Santa Gertrudis Zimatlán; Fermín González Vásquez, en San Martín Zacatepec y Gabriel Ángel Guzmán Miguel, en San Pedro Atoyac.
En medio de las acciones de violencia política ejercida por los hoy candidatos, 14 mujeres recurrieron a los Tribunales Electorales para presentar Juicios de Derechos Políticos del Ciudadano ante las limitaciones para el ejercicio del cargo.
Las ONG, hicieron un llamado a los partidos políticos, a las instituciones electorales y a las autoridades estatales para que en el ámbito de su competencia, no sean cómplices de políticos agresores que han ejercido violencia contra las mujeres y que hoy buscan reelegirse o figurar en las boletas electorales.
El consejero Gerardo García Marroquín confirmó que el árbitro electoral está impedido para tomar medidas frente a candidatos con antecedentes de violencia política de género y, que lejos de ser sancionados, fueron premiados con una candidatura a pesar de violentar los derechos de mujeres.
El funcionario electoral, refirió que el órgano electoral carece de conocimiento de que existan investigaciones sobre algunos participantes en la jornada, pero además no fue necesaria una revisión de este tipo para tomar una decisión respecto a la procedencia o no del registro de esas candidaturas.
“Ni somos instancia que investigue antes ni después de la decisión de otorgarles el registro, porque no tenemos conocimiento de una conducta en ese sentido”.
García Marroquín dijo que, «posiblemente» la violencia política de género competa a otra instancia como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, encargada de resolver acusaciones de este tipo.
El funcionario electoral detalló que se ha dispuesto un instrumento para que las ciudadanas ofendidas hagan uso y se denuncien por la vía administrativa o procedimiento especial .
“Yo quisiera precisar que estamos frente a una situación de exposición pública que lastime posiblemente a personas que obtuvieron la candidatura (sic)».
Pese a las denuncias públicas, la consejera del IEEPCO, Rita Bell López Vences, aseguró que no tienen cocimiento de antecedentes de violencia política de género cometida por algún candidato porque «no les ha tocado resolver uno como tal (sic)».
