Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- En Santo Domingo Teojomulco, Oaxaca, un municipio regido por el sistema normativo interno “usos y costumbres”, la autoridad municipal encabezada por Otoniel Cruz Díaz ha impuesto la “justicia carcelaria” como un método de sentencia ante diversos delitos, hasta el momento hay 15 personas detenidas, entre ellas una mujer que lleva 7 meses presa junto con su bebé y condenada a 15 años de prisión, denunciaron en una carta abierta los lugareños.
Desde la llegada del presidente municipal a fin al partido Morena, él junto con el síndico Pablo Juárez y Francisco Láscarez Rodríguez, sindico suplente promovieron en asamblea, que es la máxima autoridad la justicia carcelaria para los delitos, y a pesar de que es violatorio a los derechos humanos y se ha denunciado ante la Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) no se ha podido echar abajo, al contrario cada vez hay más personas privadas de su libertad.
Además denunciaron que existe complicidad con el juez de Sola de Vega, Agustín Constantino Santiago, quién basado en el principio de que la comunidad se rige por “usos y costumbres” no notifica los amparos por el juez federal.
Santo Domingo Teojomulco que significa en chatino “Rincón de Dios”, se localiza en la sierra sur ubicada a 136 kilómetros de la capital de Oaxaca, donde viven cerca de 5 mil personas, y existe una mezcla de razas entre mixtecos, zapotecas y Chatinos.
Dos de los casos más emblemáticos según denunciaron los pobladores en la carta abierta difundida públicamente, en mayo de este año, Erika D.M y Rubén G.S., acusados de un fraude fueron encarcelados en los separos municipales, a ella por 15 años de prisión y a Ruben por 6 años de cárcel.
Pero eso no es todo, un joven de nombre Ruben Salvador Martínez fue encarcelado el pasado mes de octubre por haberle tomado una fotografía a Erika amamantando a su hija de 6 meses de edad dentro de la cárcel y denunciarlo públicamente, hecho que molestó a las autoridades, quienes lo mantienen preso desde hace dos meses.
Rubén escribió una carta publica el pasado 20 de diciembre en donde narra todas las violaciones a los derechos humanos que vive dentro del sótano del palacio municipal habilitado como cárcel.
Con puño y letra y entintado de color azul, Rubén señala que ha promovido un juicio de amparo para obtener su libertad, pues le impusieron tres años de prisión por un delito que no existe, el de haberle tomado una fotografía a una mujer que vive también violencia dentro de una cárcel sin que exista justicia.
“Siempre manifesté públicamente estar en contra de la forma en que se le juzga y priva de la libertad a Erika y al señor Rubén, esta es la segunda vez que me encarcelan, la primera vez fueron días y ahora dicen que tres años”.
Además de Rubén Salvador, Erika y Rubén G.S hay otras 15 personas más, entre ellos jóvenes que fueron sorprendidos fumando droga y otros más por desobedecer a la autoridad municipal, que insiste que la justicia carcelaria es el mejor método de corrección ante delitos.
Los pobladores enfatizaron que esta nueva forma de justicia carcelaria que ha impuesto la autoridad municipal con el aval del juez mixto de Sola de Vega, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y de la asesoría de personal de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca , quienes le han dicho que como la asamblea es la máxima autoridad, se pueden imponer este tipo de delitos y sentencias.
“A Erika le dicen que pague la cantidad de 10 millones de pesos, mientras que a
Rubén un millón de pesos, esa es la condición para que los dejen libres, de no ser así cursaran 15 y 6 años de cárcel acusados de fraude en una gasolinera”, denunciaron.
En una entrevista otorgada al diario de circulación estatal “Noticias” en octubre pasado, el presidente municipal, Otoniel Cruz Díaz negó que Erika y Rubén estuvieran encarcelados y dijo que es falsa y tendenciosa, sin embargo, los lugareños que omiten sus nombres por miedo a represarías, debido a que podrían ser los próximos encarcelados, aseguran que sí.
El temor y el miedo de los lugareños es alto, la exigencia es que el gobierno mexicano y de Oaxaca volteé la mirada en este municipio, que si bien es por usos y costumbres, sus leyes no deben violentar derechos humanos de quienes habitan, como ocurre con esta violencia carcelaria.
“Nadie puede dar nombres, ni difundir nada, ya vimos que Rubén por denunciar la violencia que vive Erika desde la cárcel con su hija, fue recluido y acusado a 3 años de cárcel por tomar una fotografía y difundirla para que las instancias de Derechos Humanos puedan intervenir y ayudarla”, concluyeron.
