Marcela Turati
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La inacción del Ejército ante los hechos de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados ha generado sospechas entre diversos sectores; el ataque de más de tres horas a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa –donde tres fueron asesinados y 25 heridos por policías municipales de Iguala y Cocula y 43 más entregados al cártel Guerreros Unidos– ocurrió a menos de tres kilómetros de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
El 19 de octubre la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso citó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para que explique lo que sabe del caso de los normalistas y la situación de violencia en Guerrero.
Además, Human Rights Watch señaló que es responsabilidad del gobierno responder a los cuestionamientos en torno al comportamiento de los militares durante los ataques de la policía de Iguala contra los estudiantes. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió investigar al Ejército por su falta de prevención de los hechos y la ausencia de información de inteligencia acerca del modus operandi de los grupos criminales en la zona.
Al ser cuestionado sobre la inacción del Ejército para defender a los estudiantes, durante su conferencia de prensa del viernes 7 el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, justificó: “El Ejército se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”
El comportamiento del Ejército aún no ha sido aclarado. Pero una serie de datos salta a la vista.
En Iguala están las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El personal de ese agrupamiento no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre sino que negó atención a los heridos. También se le acusa de haber obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.
Hay evidencias de que no atendió las denuncias recibidas antes de la tragedia, en las cuales se señalaba por comportamiento criminal a las policías de Iguala y Cocula y se sabe además que los militares de esa demarcación tenían muy buena relación con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Personal de ese batallón está señalado como culpable de la desaparición forzada de seis jóvenes en 2010.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984)
