Gómez Jiménez, es un indígena tsotsil, preso en el penal de San Cristóbal de las Casas, fue sometido a actos de tortura, para obligarlo a firmar una declaración inculpatoria de delitos que asegura, no cometió.
Por: Redacción Yessica Morales | Foto de portada: Chiapas Paralelo | Chiapas Paralelo
Adrián Gómez Jiménez, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERESO) No. 5 en San Cristóbal de Las Casas, hizo una denuncia pública en contra de la Fiscalía Antitortura.
Gómez Jiménez narró que, el pasado 23 de agosto, fue citado en el área laboral de dicho centro, ahí le preguntaron si continuaría con su denuncia de tortura en contra de la fiscalía, misma que realizó hace 18 años.
Ante su respuesta afirmativa, enfatizó que Alberto Vázquez Molina, quien tomo la declaración le dijo que, por el momento podía abstenerse y al quedar en libertad, reanudar la carpeta de denuncia, pero se negó a esta propuesta.
«Esto te puede afectar y te vamos a estar molestando y llamándote esto puede durar más de cinco años o más«, fue la respuesta que obtuvo Gómez Jiménez, lo que sintió como una amenaza e intimidación para desistir de la denuncia.
Por otro lado, señaló que la Fiscalía quería que rindiera su declaración sin ningún traductor y dejar en blanco el espacio donde se incluye el nombre de este, con el fin de agregarlo y decir que si fue asistido por uno.
«Eso fue algo similar, hace 18 años cuando rendí mi declaración ante el Ministerio Publico sin ningún traductor, pero posteriormente plasmaron el nombre del traductor y que fui asistido con traductor y que no hubo tortura«, expuso Gómez Jiménez.
Agregó que, Vázquez Molina tomó su declaración en la que se reserva hasta que estuviera su traductor, tal como marca el código constitucional, posterior a ello, le entregaron alrededor de 5 hojas impresas, antes de firmarlo, dijo que lo leería.
Comentó que, en tono de voz alta y con gesto de burla Vázquez Molina le cuestionó como era posible que pudiera leer y solicitar un traductor, pero este le aclaró que hay muchas palabras que aún no entiende.
«Yo veo que no están capacitados como Fiscal Antitortura en virtud de la amenaza, la falta de traductor y que yo firme sin leer lo que dice. Eso es una violación a los derechos humanos les falta la ética profesional como fiscal antitortura«, mencionó el recluso.
Por lo expuesto, invitó a las defensoras y defensores de derechos humanos tanto estatales, nacionales e internacionales, como a las organizaciones independientes a seguir exigiendo la justicia sin amenazas, basado en carácter de los principios de derechos humanos y a seguir exigiendo la libertad.
Es de importancia mencionar que, Adrián Gómez Jiménez fue detenido en 2004, cuando de manera circunstancial, transitaba cerca del lugar donde se cometió un secuestro. Policías ministeriales detuvieron el taxi en el que viajaba, porque no tenía placas.
Posterior a ello, fue llevado a una casa de arraigo y lo sometieron a tortura para que se declarara culpable del delito. Luego lo llevaron a prisión, sin embargo, al paso de los días nadie se presentó a acusarlo.
En ese entonces, Gómez Jiménez tenía 22 años y sólo hablaba tsotsil, no tenía recursos para pagar un abogado. Pasaron 14 años sin que un juez le dictara sentencia, a inicio de 2019 la recibió y fue condenatoria.
