Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por autorizar 322 concesiones que derivan en 41 proyectos mineros en Oaxaca y sin consultar a pueblos originarios, las comunidades indígenas y organizaciones civiles someterán a un “juicio popular comunitario” a las empresas extractivas nacionales e internacionales, así como al Estado mexicano.
El juicio popular comunitario se realizará durante los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces internacionales y peritos expertos en minería con el propósito de articular las resistencias y enjuiciar a las empresas mineras y al Estado mismo.
Recordaron que estos proyectos mineros han ocasionado división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares, además de graves impactos ambientales y a la salud de la población.
Estimaron que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos, de los cuales 322 concesiones con 41 proyectos mineros se encuentran en el estado de Oaxaca.
Consideran que “ante las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras)”.
En una conferencia de prensa realizada frente al templo de Santo Domingo, representantes de alrededor de 60 comunidades y mas de 30 organizaciones sociales, reiteraron la necesidad de articularse entre los pueblos para exigir el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.
Explicaron que en el juicio popular se recibirán las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.
Detallaron que la secretaría de Economía otorgó 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia), sin embargo, estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.
Por otro lado, informaron que en la actualidad se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería como en el caso de Magdalena Teitipac, San José del Progreso y recientemente se observó en la Sierra Sur donde las autoridades de Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan cuestionaron al gobernador y advirtieron que no permitirán la explotación minera.
Esto significa que “los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, sin embargo, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones”.
Finalmente lanzaron consignas como: “¡Si a la vida no a la minería! ¡Ni oro, ni plata, la minería mata!¡De la sierra hasta el desierto, ni en túnel, ni a cielo abierto! ¡No queremos anillo de oro ver, queremos tlayuda para comer!”.
El documento fue firmado las comunidades y organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”.
Entre ellos se encuentran la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC); Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac, Servicios del Pueblo Mixe, Servicios para una Educación Alternativa y Tequio Jurídico.
