La solicitud presentada por diputados locales de Morena en Chihuahua fue desechada al vencer el plazo legal sin que los promoventes acudieran a ratificarla ante la Cámara de Diputados.
Juicio político contra Maru Campos queda sin efectos al no ser ratificado
La solicitud presentada por diputados locales de Morena en Chihuahua fue desechada al vencer el plazo legal sin que los promoventes acudieran a ratificarla ante la Cámara de Diputados.
La solicitud de juicio político presentada contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quedó sin efecto al vencer el plazo para su ratificación sin que los promoventes cumplieran el trámite, informó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
La denuncia había sido presentada el 26 de mayo ante la Secretaría General de San Lázaro, a las 9:51 horas, por 11 diputados locales de la bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua, encabezados por Edín Cuauhtémoc Estrada, coordinador de ese grupo parlamentario.
También firmaron Daniel Avitia Arellanes, María Antonieta Pérez, Pedro Torres, Magdalena Rentería, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Ávila, Elizabeth Guzmán, Brenda Francisca Ríos, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez y Jael Argüelles.
El procedimiento legal establecía que los promoventes contaban con tres días naturales para ratificar el escrito ante la propia Cámara, plazo que vencía el 29 de mayo.
Al no cumplirse esa condición, la acusación fue desechada y no existen procedimientos abiertos contra la mandataria estatal.
Qué habría pasado si se ratificaba
López Rabadán había explicado que, de haberse ratificado, el expediente se habría turnado a la Subcomisión de Examen Previo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Esa instancia habría contado con un plazo no mayor a 30 días hábiles para determinar si la denuncia contenía elementos suficientes para continuar el proceso, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Las causales señaladas
La solicitud imputaba a Campos Galván cinco causales: violación a la soberanía y al pacto federal, usurpación y ataque a la República, infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional, violación al principio de supremacía constitucional y omisión grave por presunta destrucción de pruebas vinculadas al caso CIA.
El caso surgió tras el operativo del 16 de abril en la zona serrana de Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, al que se integraron personas de nacionalidad estadounidense sin haberse identificado ante autoridades federales.
Análisis
El desechamiento del juicio político contra Maru Campos no se produjo por una revisión de fondo, sino por una falla procesal: la falta de ratificación dentro del plazo legal. Eso significa que las acusaciones no fueron evaluadas por la Cámara de Diputados en cuanto a sus méritos.
Políticamente, el episodio deja un costo para los promoventes. Presentar una solicitud de juicio político y no completar el trámite de ratificación debilita la narrativa de gravedad institucional que pretendían construir.
Para la gobernadora, el resultado representa un alivio inmediato, pues no queda procedimiento abierto en su contra por esta vía. Sin embargo, el origen del caso —el operativo en la sierra de Chihuahua y la participación de personas extranjeras— seguirá siendo materia de debate político.
El caso también muestra cómo los procedimientos parlamentarios pueden cerrarse antes de iniciar si no se cumplen requisitos formales básicos. En política, la forma también es fondo.
El abogado del diablo
Desde la perspectiva de los promoventes, podría argumentarse que la denuncia buscaba llamar la atención sobre hechos graves relacionados con seguridad nacional y coordinación institucional en Chihuahua.
Pero al no ratificar el escrito, dejaron sin camino legal la acusación y permitieron que el caso fuera desechado sin discusión de fondo.
Desde la perspectiva de Maru Campos, el cierre del procedimiento confirma que no existe causa activa en San Lázaro. Sin embargo, no equivale a una absolución sobre los hechos señalados, sino a la extinción del trámite por incumplimiento procesal.
La pregunta central será si Morena en Chihuahua intentará reactivar el tema por otra vía o si el episodio quedará como una ofensiva política fallida contra la gobernadora.
