ladobe.com.mx
Josué Cantorán @josuedcv
“Hagan su trabajo o lárguense”.
La frase resuena con fuerza entre las personas que se han quedado en el zócalo de Puebla pese a la lluvia, luego de concluida la 13va Marcha del Orgullo, la Dignidad y la Diversidad Sexual. Se escuchan los gritos y aplausos. La sentencia, que forma parte del posicionamiento oficial del Comité Orgullo, está dirigida a las autoridades que encabezan las dependencias de seguridad pública y de procuración de justicia, que hasta el momento no han sido capaces de prevenir la discriminación o investigar adecuadamente los crímenes de odio por homofobia y transfobia ocurridos en la entidad.
Por segundo año consecutivo la marcha del orgullo centró sus demandas políticas en resolver las necesidades de las poblaciones transgénero y transexual. Primero, la aprobación de la llamada Ley Agnes, una serie de reformas a algunos artículos del código civil estatal que permitirían a las personas trans modificar sus documentos oficiales para que su nombre y sexo aparezcan acordes con su identidad sexogenérica, algo que también les brindaría un acceso menos atropellado a algunos bienes sociales como el empleo, la salud y la educación, considerados derechos humanos fundamentales.
En marzo de 2013, durante el primer aniversario luctuoso de Agnes Torres, la activista que trabajó en la redacción de dicha ley basándose en la del Distrito Federal, un grupo de organizaciones de la sociedad civil entregó el documento a todos los diputados que entonces conformaban la LVIII Legislatura.
