La víspera, un grupo de padres y madres de los normalistas desaparecidos manifestaron su rechazo a la reparación del daño planteada por el gobierno federal, que consiste, según los propios familiares, en ofrecimientos de dinero a manera de indemnizaciones por la desaparición de los muchachos.
Ayer, al cumplirse 18 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, un grupo de familiares de estas víctimas se manifestaron en esta capital por la continuidad de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo segundo periodo de trabajos en nuestro país concluirá en aproximadamente dos meses.
La solicitud de extender la presencia del GIEI en el país se inscribe, por otra parte, en el contexto de una intentona por desacreditar a varios integrantes del grupo de expertos en lo individual, como ha quedado de manifiesto con las denuncias formuladas por las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz respecto de las calumnias que en su contra han lanzado grupos ultraconservadores y medios de comunicación.
Como queda de manifiesto, a año y medio de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, las autoridades siguen sin mostrar la sensibilidad y la altura de miras requeridas para atender las demandas de las familias de los normalistas, que en todo este tiempo, por lo demás, han sido consistentes: la búsqueda efectiva de los desaparecidos y el castigo a los responsables.
Tales difamaciones, lanzadas contra estas y otros integrantes del GIEI, resultan doblemente peligrosas e inaceptables: por un lado, porque denotan un afán insoslayable por desacreditar la labor de ese equipo interdisciplinario en su conjunto, que ha venido a arrojar luz sobre uno de los hechos más indignantes en el de por sí abultado historial de violaciones a derechos humanos en el país; por otra parte, ante la falta de interlocutores válidos y confiables para las familias de los desaparecidos y su entorno social de apoyo, las calumnias contra el GIEI amenazan con cancelar acaso el único canal de comunicación institucional entre los padres y madres de los normalistas desaparecidos y el Estado mexicano, en la medida en que fue este último el que invitó a los expertos a realizar pesquisas y coadyuvar con las autoridades nacionales en el esclarecimiento del episodio.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/27/opinion/002a1edi
