Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- Hoy martes 10 de septiembre, la Cámara de Diputados Federal comenzará a analizar el dictamen de reforma en materia indígena y afroamericana.
Ante ello, la activista y abogada Flora Gutiérrez y el activista zapoteca Joaquín Galván alertaron que esa reforma no es la que se consultó a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Se trata de una reforma “a modo” y a conveniencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que significa “una puerta al saqueo de los pueblos ”, aseveraron.
En entrevista, Flora Gutiérrez, integrante de la Red de Abogadas Indígenas, señaló que son tres aspectos o temas relevantes que no contempla esta ley a modo.
“Esta ley no es la reforma original; además, usa una falsa narrativa. México es un Estado donde convergen muchas naciones indígenas y también población no indígena.
“El hecho de dejar el concepto pluricultural, implica no reconocer a los pueblos como naciones indígenas, tal y como nos llamamos, se debería avanzar a un estado plurinacional”, señaló la abogada zapoteca.
Enfatizó que aunque exista una
validación del aparato institucional, lo que afecta a su autonomía en ejes claves, es el control del territorio y autogobierno.
Pero, también agregó que otro parámetro, es el tema del derecho a la tierra y territorio, donde solo habla en su fracción quinta, de conservar o mejorar el hábitat, quitándoles el reconocimiento a los pueblos del uso, goce y aprovechamiento de su territorio.
En el caso de la consulta, Flora dijo que deberá realizarse cuando se implementen medidas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno.
“Esto nos parece grave, porque la consulta y el consentimiento debe realizarse sin importar la afectación significativa, por qué quien define lo significativo, eso es muy subjetivo”, indicó.
También precisó que esta reforma viola el derecho a la consulta, ya que según los estándares internacionales cuando se trata de realizar reformas en todas las etapas del proceso legislativo deben participar los pueblos indígenas.
Y hasta la fecha no se ha pedido la opinión de los pueblos sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos constitucionales.
“Esta ley a fuerza nos ordena consultar, cuando hay pueblos que no quieren ser consultados, porque ellos no desean y ni pretenden que un megaproyecto se construya, entonces, eso nos obliga a aceptar una serie de actos que no se desean”, agregó.
La abogada indígena aseveró que esta Ley lo que reafirma es que el saqueo a los pueblos indígenas será “bárbaro”, sin control y afectando severamente el territorio.
Por su parte, Joaquín Galván, activista ayuujk, precisó que el carácter de establecer jurídicamente la personalidad de “sujeto de derecho” a las comunidades indígenas me parece un eufemismo a establecer básicamente a las comunidades como sujetos de Estado.
Agregó que al reconocer que las comunidades indígenas y su organización comunitaria son capaces de generar un Derecho propio, ajeno al Estado, como sucede en cada fenómeno asambleario, en cada decisión de cabildo o consejo de ancianos, en cada justicia alternativa ejecutada en las sindicaturas, podremos entender cómo la categoría “sujeto de Derecho», puede ser insuficiente y no hacer justicia a la relación interjurisdiccional que debe
existir entre el Estado mexicano y las poblaciones indígenas.
Por último, el defensor de DDHH enfatizó qué hay una gran diferencia entre reconocerlos como sujetos de derechos (de carácter limitante) a generadores de Derecho, lo cual supondría otorgarles una capacidad mayor de control sobre sus desiciones.
