Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, afirmó que a dos años del fallido desalojo en Nochixtlán, “aún está pendiente garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, lo que es peor que “el Estado ha culpado a pobladores y manifestantes”.
Y “lamenta que hasta la fecha no hay evidencia de que algún servidor público esté siendo procesado por las inadmisibles conductas perpetradas. En este contexto, la Oficina reitera su llamado para que se realice una investigación exhaustiva e imparcial apegada a los estándares internacionales de derechos humanos y culturalmente adecuada.
Por el contrario, agregó en un comunicado, “a lo largo de este tiempo han surgido legítimas dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia con que se ha conducido la investigación”.
El fallido desalojo perpetrado el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán dejó ocho personas muertas y más de 143 civiles heridos, en su mayoría por armas de fuego, sin contar que varias víctimas no fueron contempladas en la investigación.
En el marco del segundo aniversario de la tragedia del 19 junio de 2016 en Nochixtlán, que resultó no sólo en muertes violentas y decenas de personas heridas, sino también en un serio desafío para la justicia mexicana, la ONU-DH afirma que “las autoridades siguen sin aclarar lo ocurrido por lo que aún está lejos de alcanzarse la verdad y justicia que tanto las víctimas como la sociedad demandan”.
Y agregó: “Para la ONU-DH es preocupante que desde que ocurrieron los hechos, en diversas declaraciones públicas el Estado ha culpado a pobladores y manifestantes y rechazado la responsabilidad de las autoridades en los dolorosos eventos de hace dos años. A lo largo de este tiempo han surgido legítimas dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia con que se ha conducido la investigación”.
La ONU-DH recordó que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Nochixtlán de octubre 2017 identificó un uso excesivo de la fuerza y calificó algunos de los hechos como graves violaciones a los derechos humanos. Por consiguiente, la ONU-DH alienta al Estado mexicano a cumplir plenamente la recomendación emitida por la CNDH.
La ONU-DH también reconoce que las diligencias llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) desde diciembre de 2017 están finalmente incorporando la voz de los pobladores agredidos, luego de que durante meses sólo se habían recabado los testimonios de los servidores públicos que participaron en los hechos.
De igual forma, la ONU-DH manifestó su preocupación porque varias víctimas y sus representantes han sido blanco de campañas de desprestigio, actos de intimidación y hasta agresiones físicas. La Oficina reprueba estas conductas y reitera su llamado a las autoridades para que también investiguen de manera diligente estas agresiones”.
“Además de la resolución pronta del caso se requiere la adopción de medidas efectivas para garantizar la no repetición de lo ocurrido,” enfatizó Jan Jarab.
Considera que “la sanción de los responsables es indispensable para que el caso no quede en la impunidad. Además, es necesario extraer las lecciones aprendidas para evitar que el actuar de las fuerzas de orden en situaciones similares culmine en afectaciones indebidas al derecho a la vida, la integridad y libertad de las personas. El caso Nochixtlán pone de relieve una vez más la urgencia de que exista en México un marco nacional que regule el uso de la fuerza a todos los niveles ajustado a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.”
Finalmente, la ONU-DH reiteró su solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Huitzo, Viguera y Hacienda Blanca en el Estado de Oaxaca y expresa su disposición a las autoridades correspondientes para seguir avanzando en la resolución de este caso y en la adopción de las medidas idóneas que eviten su repetición en el futuro.
