De acuerdo al informe «Violencia y terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México» se puede intuir que además del excesivo número de restos y cuerpos recuperados, hay un claro descontrol de registros que vuelve incalculable el diagnóstico al respecto.
La cifra calculada por la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, autores del informe, fue de por lo menos 1,606 fosas clandestinas creadas en los últimos 12 años.
2 mil 229 cuerpos y 100 mil restos humanos han sido recabados de todas las fosas con los datos de inhumaciones clandestinas reportadas por la prensa con datos oficiales de fiscalías locales entre 2006 y 2017, recuperados de preguntas a plataformas de transparencia.
Los datos de la investigación muestran que los estados con mayor índice de fosas clandestinas reportadas por las autoridades son Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco.
No obstante, en la presentación del informe se aclaró lo inconsistente de la información recabada, dado que los registros son muy incoherentes. Además, 11 entidades no respondieron a las solicitudes de información planteadas.
Siendo el trabajo, a su vez, una reseña del ejercicio de investigación mediante acceso a información pública, la cual ha sido calificada como insuficiente por Ana Cristina Ruelas, representante de Artículo 19.
La única asistente representativa del gobierno federal fue Karla Quintana, quien dirige la Comisión Nacional de Búsqueda quien aseguró que el gobierno actual debe «comprometerse a sumarse y dar toda la institucionalidad al tema»; recalcando que, hasta ahora, son las familias víctimas de desapariciones las que han dado seguimiento.
A su vez, Quintana reconoció que no existe infraestructura ni personal para cubrir las necesidades de búsqueda que la tarea exige, pero, por otro lado, confirmó que existe un plan a mediano y largo plazo para corregir las deficiencias vislumbradas por el informe.
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