OAXACA.- La paridad constituye una acción afirmativa que garantiza el ejercicio igualitario de los derechos políticos de las mujeres. El ejercicio pleno de la ciudadanía es una legítima aspiración democrática de las mujeres libres, la mayoría de la población de Oaxaca, que son justamente las mujeres.
Los derechos políticos son parte fundamental de los derechos humanos, en los que las mujeres deciden, participan e integran el poder público. Por lo que eliminar en la ley la garantía de este derecho de las mujeres de Oaxaca que viven en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, es limitarles su ciudadanía, además de una violación clara al principio constitucional de progresividad de los derechos humanos de la mayor parte de la población oaxaqueña.
Limitar la ciudadanía plena de las mujeres atenta contra el principio de igualdad entre mujeres y hombres y constituye una reforma discriminatoria contraria a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, que protegen los derechos humanos de las mujeres: “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW por sus siglas en inglés) y la “Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer”, incluso el Convenio 169 de la OIT no puede ser interpretado como limitativo de los derechos políticos de las mujeres integrantes de pueblos indígenas y tribales o de comunidades originarias.
Eliminar el derecho a la participación igualitaria de las mujeres en los municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos no es una medida eficaz para prevenir la violencia política contra las mujeres por razón de género, puesto que la violencia se arraiga en la falsa idea discriminatoria de que el espacio público corresponde solo a los hombres y que las mujeres deben confinarse a las labores del hogar y de cuidados.
Por ello, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca se pronuncia en contra de la discriminación, origen de las violencias hacia las mujeres y por la no desaparición de la temporalidad en la paridad dentro del Sistema Normativo Indígena, pues representa un enorme retroceso en la vigencia de los derechos humanos de las mujeres en detrimento de la democracia en la vida política de la entidad y el país.
