Tanto las investigaciones presentadas como los testimonios de primera mano expuestos por representantes de pueblos indígenas dieron cuenta de la manera en que los estados latinoamericanos, incluyendo aquellos que se reconocen como plurinacionales, vienen imponiendo megaproyectos extractivos mineros, petroleros, forestales, de energía e infraestructura, como represas, proyectos eólicos y carreteras, y promoviendo la siembra de monocultivos y transgénicos, en los territorios de los pueblos indígenas sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado.
En nombre del progreso y el desarrollo se está justificando nuevamente el despojo y la violencia contra los pueblos originarios.
Estas reformas varían mucho de un país a otro, pero en su mayoría incluyen el reconocimiento del carácter multicultural de la nación, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el reconocimiento a sus sistemas normativos y formas de autogobierno y el derecho a utilizar y preservar sus propios idiomas indígenas.
No obstante los compromisos contraídos en estas nuevas legislaciones, en los años recientes estamos siendo testigos de un retroceso en el reconocimiento de los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas y de una embestida de violencia y despojo contra sus territorios y recursos natutrales.
A partir de estas reformas los censos gubernamentales reportan la existencia de 40 millones de hombres y mujeres que se reconocen como indígenas, aproximadamente 10 por ciento de los habitantes de América Latina.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/14/opinion/020a2pol
