Anaiz Zamora Márquez | Cimacnoticias | México, DF.
El Estado mexicano tradujo los compromisos asumidos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, en 1995, sólo en leyes generales y programas de apoyo social, por lo que a 20 años de distancia siguen vigentes las causas estructurales que generan la discriminación contra las mexicanas.
Así lo dijeron académicas y especialistas en estudios de género que coincidieron en el “Foro de reflexión a 20 años de los Tratados de Beijing. Un balance de las políticas públicas”, que inició ayer y concluye este jueves en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A).
Organizado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el foro arrancó con la participación de la doctora Marta Torres Falcón, académica del departamento de Sociología de la UAM-A, quien al hacer un análisis a dos décadas de distancia de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, recordó que fue a partir de ese acuerdo histórico que se reconoció que los derechos de las mujeres son Derechos Humanos.
Dijo que en México el acuerdo impulsó la creación de leyes, pero enfatizó que las normas jurídicas son “una construcción que sólo pueden ayudarnos a tener relaciones más justas, pero la justicia no es inherente a ellas, es decir, la creación de normas no produce de manera inmediata un cambio en la sociedad”.
Torres Falcón resaltó que los derechos que las mujeres tienen en la actualidad no son resultado de la buena voluntad de los legisladores, pues los cambios siempre han sido promovidos y llevados a la práctica por la población que resulta más afectada, y en el caso de las mujeres fue el movimiento feminista el encargado de impulsar las reformas.
En ese sentido, señaló que es indispensable reivindicar un movimiento que pone en el centro del debate “una forma de discriminación tan normalizada e invisibilizada”, que sigue siendo vigente para las mujeres, ya que no se aterrizaron los compromisos más allá de la creación de grandes leyes.
En tanto, la doctora en Economía Gabriela Barajas Martínez realizó un análisis sobre la forma en que el Estado mexicano “se resistió” a alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza entre las mujeres –derivado de la Plataforma de Acción– con una política contraria a lo que se propuso en 1995.
Explicó que durante la Conferencia de Beijing se reconoció que persistían profundas desigualdades entre mujeres y hombres, y que la crisis económica que se vivía en ese momento, derivada en gran medida por el modelo neoliberal, afectaba más a la población femenina.
Abundó que la misma Declaración de Beijing se opone a políticas de atención de la pobreza mediante programas de apoyo económico (subsidios), y lo que se propone en cambio es erradicar la pobreza mediante el crecimiento económico, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social, toda vez que lo que se buscaba era combatir las causas estructurales de la pobreza, que “son completamente vigentes el día de hoy”.
Barajas Martínez dijo que el gobierno federal informa a las instancias internacionales de los progresos alcanzados en el cumplimiento de la Plataforma haciendo referencia principalmente a programas sociales de combate a la pobreza, como Oportunidades, estancias infantiles, o los programas alimentarios.
Es decir “lo que dice la Plataforma que no se debía de hacer, es lo que se hace, pues desde la década de los años 90 el Estado ha pretendido reducir la pobreza a través de programas sociales, y lo que es evidente es que ése no es el camino”, advirtió.
La especialista señaló que el gobierno informa sobre indicadores de gestión (número de población atendida o recursos asignados), pero no se refiere al impacto en términos de bienestar social o equidad de género.
De acuerdo con la especialista en políticas públicas, a lo largo de 20 años se ha promovido la dependencia de las mujeres pobres a los dineros públicos, que al mismo tiempo son transferencias no obligadas, por lo que somete “a una vulnerabilidad tremenda a las mujeres porque no hay ninguna seguridad de que el programa continúe en otras administraciones”.
Para demostrar la dependencia de las mujeres a estos programas asistencialistas, y la desigualdad que persiste entre los sexos, la también licenciada en Sociología expuso datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que señalan que 31 por ciento de los hogares pobres encabezados por mujeres tiene como fuente de ingresos las transferencias de gobierno, mientras que apenas 5.7 por ciento de los hogares encabezados por varones dependen de estas transferencias.
