Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Mientras que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay ratificaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, México mantiene a su población adulta al margen de los beneficios establecidos por el Derecho internacional.
Por esta razón, el Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó al Congreso de la Unión que exhorte al presidente Enrique Peña Nieto para que suscriba, en nombre del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Resaltaron que México es uno de los países que ha omitido suscribir la citada Convención, lo cual representa una limitante para que las personas mayores puedan ejercer a plenitud sus derechos humanos.
A decir del coordinador del grupo parlamentario del PRD, Francisco Martínez Neri, el México el 73.2 por ciento de las personas adultas mayores se ven orilladas a trabajar de manera informal, pues tan solo una cuarta parte de la población se encuentra pensionada.
El diputado federal alertó que “prácticamente, la mitad de este sector de la población labora por cuenta propia; 60.8 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud por su trabajo; 61.8 por ciento labora sin tener un contrato escrito y casi la mitad (47.7 por ciento) no cuenta con prestaciones.
De ahí la urgencia de que el Estado mexicano ratifique el convenio con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores donde las mujeres se encuentran más vulnerables.
Martínez Neri dijo que “según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2016, en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1 por ciento de estos reside al menos una persona de 60 y más años, de las cuales, 6.7 por ciento recibe remesas, 28.8 por ciento recibe donativos de otros hogares e instituciones públicas, mientras que 49.2 por ciento recibe apoyos por programas gubernamentales”.
«Es alarmante que el 73.2 por ciento de las personas adultas mayores se vean orilladas a trabajar de manera informal”, puntualizó.
Ahora, el consejo ciudadano hizo hincapié que “como un grupo especial de la población, las personas adultas mayores tienen derecho a no ser discriminadas en razón de su edad; gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad; y recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos.
Así como a ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental; recibir la atención y la protección que requieren por parte de la familia y de la sociedad; vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos; ser tratadas con dignidad y respeto cuando sean víctimas del algún delito o infracción, así como cuando sean detenidas por alguna causa justificada.
Además de recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, aun sin ser derechohabientes de aquellas que así lo requieran; recibir la seguridad social que les garantice el derecho a la protección de la salud, la asistencia médica y los servicios necesarios para su bienestar, así como el acceso a una pensión, previo cumplimiento de los requisitos que las leyes correspondientes señalen; ser integradas a los programas de asistencia social cuando se encuentren en situaciones de riesgo o abandono.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría no omite señalar que, como sucede en otros países latinoamericanos, en México el proceso de envejecimiento de la población está ocurriendo a un ritmo acelerado en comparación con los países desarrollados, y en contextos socioeconómicos frágiles, con altos niveles de pobreza y crecientes desigualdades sociales y económicas.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría puntualizó que la Convención fomenta un envejecimiento activo a todos los ámbitos y dispone la incorporación y priorización el tema del envejecimiento en las políticas públicas.
