*Eduardo Bautista Martínez
Una de las lecciones de la pandemia es la mayor visibilidad de la desigualdad entre regiones y sectores sociales del país, así como la necesidad de emprender políticas públicas focalizadas con presupuestos compensatorios entre quienes han resentido los mayores rezagos en términos de inversión pública y de atención institucional.
Si por una parte la emergencia sanitaria ha dado cuenta del deterioro del sistema de salud, de sus limitaciones en recursos humanos, infraestructura, equipamiento y dotación de insumos médicos, es un hecho que tal deterioro tienen expresiones regionalizadas en donde existen zonas y sectores de población con más desventajas que otros.
De la misma manera, además de las presiones de la pandemia al sistema de salud se encuentra el sistema educativo, que concentra a una gran proporción de población, más de 37 millones de estudiantes y dos millones de docentes en todo el país. Importante insistir que las condiciones de quienes participan en el sistema educativo son también diferenciadas, mostrando que el país no se ha movido al mismo ritmo en el norte, centro y sur.
Al respecto y para comparar las desigualdades entre sectores y regiones podríamos considerar múltiples indicadores socioeconómicos o variables como el ingreso que percibe el personal docente; de manera más puntual observamos el salario de los profesores universitarios de diferentes regiones del país, es decir, con una calificación similar, la diferencia de salario es hasta de 200 puntos porcentuales, entre quienes laboran en instituciones de la capital o el norte del país respecto a sus similares del sureste, de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Así también podríamos observar el presupuesto anual por estudiante que se asigna a las universidades públicas, y notaríamos que las diferencias son abismales, las instituciones del centro y del norte, duplican o triplican el presupuesto que reciben sus similares del sureste. Por ello, en distintos foros los rectores de las universidades en desventaja presupuestal han reiterado la necesidad de no tener universidades de primera ni de segunda, en razón de la persistencia de criterios discriminadores en el financiamiento y en la atención institucional a las mismas.
En esta etapa de confinamiento ante la pandemia, las brechas se observan en el acceso a las tecnologías de información y comunicación, en donde encontramos brechas hasta de 80 puntos porcentuales entre la ciudad de México y el estado de Oaxaca, por ejemplo, que van desde la calidad de las redes de internet hasta el acceso a computadoras entre la población estudiantil, de tal manera que siguiendo criterios de semaforización, la luz roja está prendida en esta entidad del sureste mexicano en materia de acceso a conectividad.
Las brechas se extrapolan en aquellas regiones habitadas por pueblos indígenas y afrodescendientes, si consideramos que únicamente el 24 por ciento de los estudiantes hablantes de lenguas indígenas tienen acceso a computadoras, mientras que el resto de los estudiantes se van al doble, de acuerdo con diversos reportes institucionales tales como el Panorama educativo de la Población Indígena y Afrodescendiente (UNICEF, INEE 2017), y la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (INEGI, 2018).
En mención de tan solo el sector educativo, podemos notar que los estragos de la pandemia son distintos, por tanto, es urgente y necesario mirar hacia el sur en las reasignaciones presupuestales de 2020 y en el diseño del presupuesto 2021; considerar que la pandemia por COVID-19 está agudizando las brechas y que es urgente una perspectiva de políticas focalizadas y presupuestos compensatorios.
La transformación del país implica una perspectiva de justicia y equidad entre regiones y sectores para revertir la tendencia de discriminaciones y sus consecuentes rezagos en materia educativa. En medio de la pandemia y de las consecuencias para los más desfavorecidos, es el momento de mirar hacia el sur.
