Habitantes de San Pablo Villa de Mitla exigieron al magisterio respetar el compromiso de no realizar bloqueos ni suspender clases en el municipio, y advirtieron consecuencias políticas para legisladores que, dicen, les dieron la espalda durante el conflicto.
Mitla a Sección 22: cumplan el acuerdo de 2013 o se van; a diputados que los ignoraron: “que se vayan a la chingada”
Habitantes de San Pablo Villa de Mitla exigieron al magisterio respetar el compromiso de no realizar bloqueos ni suspender clases en el municipio, y advirtieron consecuencias políticas para legisladores que, dicen, les dieron la espalda durante el conflicto.
Habitantes de San Pablo Villa de Mitla advirtieron a la Sección 22 del SNTE que cumpla el acuerdo firmado en 2013, en el que el magisterio se comprometió a no realizar bloqueos ni suspender clases en el municipio, y lanzaron un mensaje directo a los diputados locales y federales que, afirman, les dieron la espalda durante el conflicto: “Que se vayan a la chingada”.
La advertencia fue emitida durante una conferencia de prensa convocada por habitantes de la localidad, quienes lanzaron cohetones para reunir al pueblo y fijar postura frente al conflicto magisterial que ha generado bloqueos, pérdidas económicas y confrontaciones en la comunidad.
“Somos un pueblo tranquilo, pero ya llegamos al límite”.
Así declararon los pobladores, al señalar que las movilizaciones de la Sección 22 han causado afectaciones severas a comerciantes, transportistas y familias enteras.
El acuerdo de 2013
Los pobladores recordaron que en 2013, tras una prolongada suspensión de clases que dejó sin educación a cientos de niñas y niños del municipio, docentes y padres de familia suscribieron un acuerdo de no bloqueos y no suspensión de clases.
Ese compromiso, sostienen, ha sido ignorado sistemáticamente por el sindicato, lo que convierte los incumplimientos actuales en una ruptura deliberada de la palabra empeñada.
La posición de la comunidad fue categórica: o se instala una mesa de diálogo con los dirigentes de la Sección 22, el gobierno federal y el gobierno estatal para reparar daños y cumplir compromisos, o el pueblo pedirá la salida definitiva de los docentes de los centros educativos de Mitla.
Los pobladores reiteraron además su respaldo al edil con licencia Esaú López Quero.
Reclamo a diputados y advertencia electoral
El mensaje político fue igualmente directo. Los habitantes advirtieron que tienen identificados a los diputados locales y federales que no respondieron al llamado de la comunidad en medio del conflicto.
“Que se vayan a la chingada”.
Esa fue la expresión dirigida a los legisladores que, de acuerdo con los pobladores, ignoraron a Mitla durante la crisis. También anticiparon que “se verán las caras en las elecciones de 2027”.
Algunas consignas lanzadas durante la conferencia dejaron en claro que el conflicto magisterial tendrá consecuencias electorales concretas.
“Mitla ya no se va a dejar”.
Los pobladores acusaron que durante años la Sección 22 ha impuesto presiones y bloqueos sin considerar el impacto en la vida cotidiana de la comunidad. Esta vez, advirtieron, no habrá silencio ni tolerancia si los líderes magisteriales no responden.
El conflicto en Mitla escala en uno de los momentos de mayor tensión entre sectores ciudadanos y la Sección 22, en medio de un descontento social creciente por los bloqueos carreteros y sus repercusiones económicas en Oaxaca.
Análisis
La postura de Mitla marca un endurecimiento ciudadano frente a la Sección 22. Ya no se trata solo de molestia por un bloqueo específico, sino de una exigencia de cumplimiento de un acuerdo histórico que, según la comunidad, fue firmado para proteger la educación y la movilidad local.
La amenaza de pedir la salida de docentes de los centros educativos representa un punto de quiebre. Si la comunidad avanza por esa ruta, el conflicto dejaría de ser únicamente carretero o político y entraría al terreno escolar, con efectos directos sobre niñas, niños, familias y personal educativo.
El respaldo al edil con licencia Esaú López Quero también revela una fractura política. Mientras la Sección 22 lo señala como responsable de la agresión en Mitla, una parte de la comunidad lo presenta como autoridad que defendió el acceso y la vida económica del municipio.
El mensaje a diputados muestra que el costo político del conflicto puede extenderse hasta 2027. La comunidad no solo reclama a los maestros; también acusa abandono de representantes populares que, a su juicio, evitaron tomar postura o acompañar al pueblo durante la crisis.
El abogado del diablo
Desde la perspectiva del magisterio, podría argumentarse que un acuerdo local de 2013 no puede cancelar el derecho constitucional a la protesta, especialmente cuando se trata de demandas laborales y nacionales que rebasan al municipio.
También podría sostenerse que pedir la salida de docentes de las escuelas puede terminar afectando más a las infancias que al sindicato, al abrir un conflicto educativo dentro de la comunidad.
Sin embargo, desde el lado de Mitla, la protesta no puede convertirse en una afectación permanente a la movilidad, al turismo, al comercio y a la educación local. La comunidad tiene derecho a exigir que los compromisos firmados se cumplan.
La pregunta central será si puede abrirse una mesa que repare daños y reconozca derechos de ambas partes, o si Mitla y la Sección 22 entrarán en una ruptura más profunda con consecuencias escolares, políticas y electorales.
