raichali.com / Por Óscar Rosales / foto: redacción
a falta de reconocimiento de los pueblos indígenas, la incapacidad de perseguir delitos ambientales y la presencia abrumadora del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, son tan solo algunas de las problemáticas que evidenciaron la incapacidad del Estado por erradicar la crisis forestal en Chihuahua.
Los excesos teóricos, los informes de escritorio y la exigencia de mayores compromisos, fueron los elementos que primaron en la audiencia pública por la tala ilegal en la Sierra Tarahumara, espacio que congregó a diversas asociaciones civiles y organismos gubernamentales para abordar, desde la rendición de cuentas y la generación de propuestas, el atentado ecológico que atraviesan los bosques del estado.
Convocada a través de la Ley de Participación Ciudadana (LPC), el evento virtual moderado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) se centró en ocho temas centrales. En cada uno de estos los organismos no gubernamentales (ONG’s) emitieron posicionamientos ante los cuales se esperaba que los diferentes funcionarios públicos respondieran de con datos precisos e ideas claras la manera de atacar este problema.
Sin embargo, más allá de dar propuestas concretas, fueron respuestas ambiguas e informes protocolarios, lo que abundó por parte de las autoridades en la audiencia de más de cinco horas. Pese a que hubo algunos acuerdos, la mayoría de ellos no fueron totalmente explícitos para el público.
“Mi pregunta permanece, ¿cómo es posible que si todos están respondiendo, están dando respuesta, por qué las cosas no cambian?”, cuestionó en entrevista el padre Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
Un par de datos que se proporcionaron durante la audiencia exponen la dimensión del problema: se estima que el 50 por ciento de la madera que circula en México es ilegal o tiene una procedencia dudosa y la evasión de impuestos en este negocio ronda por los 2 mil 500 millones de pesos.
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