Quinto Elemento Lab pasó más de un año visitando sitios de laboratorios desmantelados, entrevistando a personas afectadas y solicitando información a agencias estatales y federales a través de leyes de transparencia, y descubrió que las autoridades no cuentan con protocolos para destruir y manejar los residuos tóxicos ni pone en marcha programas para limpiar los suelos y aguas dañadas. No ha habido ningún estudio ambiental realizado para medir las implicaciones de este daño y no hay ningún caso judicial presentado contra los mega-contaminadores de algunos de los ecosistemas más frágiles de México.