Aranzazú Ayala Martínez | @aranhera | ladobe.com.mx
Hasta 2013 se pusieron en marcha los mecanismos en el estado de Puebla para conformar la estadística sobre incidencia delictiva municipal que se reporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por lo que la poca información de 2011 y 2012 -los dos primeros años del gobierno de Rafael Moreno Valle- que existe no es confiable.
El 88.4 por ciento de los municipios (192) no reportó ningún dato en 2011, salvo algunos que en los meses de noviembre y diciembre reportaron en cero; mientras que en 2012 hubo ya pocas excepciones, la mayoría estuvo reportando en cero y algunas veces (quizás una treintena) en blanco.
Al respecto, el SNSP explicó en respuesta a una solicitud de información (folio 2210300031916) que “para los años 2011 y 2012, se desconoce si las celdas en blanco que aparecen en la base de datos municipal se refieren a ceros o bien a información que no fue reportada por los municipios, lo anterior en virtud de que la entidad federativa carecía de mecanismos para el tratamiento estadístico de estos casos”.
Entre los que no reportaron cifras en 2011 están, por ejemplo, Amozoc, Tepeaca y Tecamachalco, que han sido catalogados como focos rojos por robo de combustible y presencia criminal. De modo que no es posible conocer cómo han escalado los delitos y si en consecuencia ha habido alguna medida exitosa en prevención y atención.
Lilia Vélez Iglesias, académica de la Universidad Iberoamericana Puebla y ex presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla, dijo en entrevista para Lado B que lo grave de esta falta de información es que no se puede diseñar ni aplicar correctamente una política de seguridad pública. Sin la información de los delitos que recaba el SNSP a nivel municipal –homicidios, robos, delitos sexuales y robo de ganado, entre otros– no hay datos suficientes a partir de los cuales hacer diagnósticos.
Vélez recordó que cuando se hizo el diagnóstico de gobierno abierto a nivel federal se planteaba que no había información suficiente sobre seguridad, y los datos entre seguridad pública, Ejército y Marina eran tratados de manera distinta.
A nivel local, la Ley de Transparencia anterior, que estuvo vigente desde 2012 hasta mayo del año pasado, establecía que tenía que haber estadísticas de incidencia delictiva. En el artículo 13, que determinaba las acciones del Ejecutivo, éste tenía que tener actualizadas las estadísticas de los distintos delitos y las Averiguaciones Previas presentadas. Vélez explicó que hay una obligación específica del Poder Ejecutivo a través de la hoy Fiscalía y también de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la ausencia de datos es un incumplimiento.
La especialista dijo que también la propia ley del SNSP establece que tanto la federación como los estados y municipios están obligados a tener la información y sistematizarla, lo que es un tema prioritario porque está tanto en la legislación del Sistema como en la estatal.
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