La condena de la ONU-DH ha colocado al Estado Mexicano bajo el escrutinio internacional tras el asesinato de Alejandro Leyva, evidenciando una grave falla institucional, ya que la víctima contaba con antecedentes públicos de amenaza que el Mecanismo de Protección no logró neutralizar. Frente a la crisis, el gobernador Salomón Jara descartó solicitar licencia al cargo, afirmando estar dispuesto a comparecer mientras la FGR atrae el caso ante la impunidad sistemática de las autoridades locales.
ONU-DH condena el asesinato de Alejandro Leyva; Gobernador descarta pedir licencia tras señalamientos
El organismo internacional eleva la presión sobre el Estado al exigir el esclarecimiento de un crimen precedido por amenazas ignoradas, mientras el Ejecutivo se niega a separarse del cargo y deja la investigación en manos de la FGR.
El reclamo internacional (ONU-DH) y la estadística letal
A menos de 48 horas del asesinato de Alejandro Leyva en San Pablo Etla, la impunidad estatal fue expuesta a nivel global. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó categóricamente el crimen, recordando al gobierno mexicano que su obligación jurídica ineludible es prevenir cualquier agresión contra quienes ejercen el periodismo.
La condena de la ONU-DH no es un trámite diplomático, sino un registro de la violencia sistemática: con Leyva, suman ocho los periodistas asesinados en México en lo que va de 2026. El organismo reconoció la labor crítica del responsable de la columna “El Zumbido del Moscardón” y exigió al Estado que las investigaciones no se diluyan en el tiempo.
La falla institucional a pesar de las denuncias
El núcleo de la condena internacional recae sobre una omisión estatal letal. Alejandro Leyva no fue asesinado por sorpresa; el periodista había visibilizado el riesgo en el que operaba y había denunciado públicamente las amenazas en su contra. A pesar del acoso documentado, las instituciones locales y los mecanismos de protección fallaron en su única encomienda: mantenerlo con vida.
Ante la total pérdida de credibilidad de las instancias locales, la Fiscalía General de la República (FGR) fue obligada a atraer la investigación. Previo a este traspaso jurisdiccional, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentó el retrato hablado de uno de los presuntos autores materiales, como un intento de mostrar avances de última hora antes de entregar el expediente a la Federación.
La respuesta política del Gobierno del Estado
Acorralado por la presión internacional y los señalamientos del propio comunicador antes de morir, el gobernador Salomón Jara Cruz se vio forzado a abordar la crisis. En conferencia de prensa, el mandatario descartó tajantemente la exigencia gremial de solicitar licencia al cargo para garantizar la imparcialidad de las indagatorias.
Jara Cruz argumentó que la intervención de la FGR garantiza independencia y se limitó a declarar que está «a disposición» si las autoridades federales lo citan a comparecer. En un intento por matizar el impacto político, el Ejecutivo pronunció un discurso en el que afirmó aceptar «la crítica, sea severa o no», asegurando que su administración de izquierda respeta el ejercicio periodístico, una postura que contrasta drásticamente con la estigmatización que el gremio oaxaqueño ha padecido sistemáticamente.
Alejandro Leyva denuncia públicamente y en repetidas ocasiones amenazas directas a su integridad derivado de sus investigaciones políticas.
Las dependencias de seguridad y los mecanismos de defensa fracasan en activar un protocolo de protección eficaz que neutralizara el peligro anunciado.
El asesinato se ejecuta en San Pablo Etla, evidenciando que las alertas del comunicador fueron desestimadas por el aparato gubernamental.
¿Protección tardía?
¿Qué nivel de negligencia gubernamental percibes cuando un Estado espera hasta que un periodista es ejecutado —y condenado por la ONU— para presentar «avances» y discursos de respeto a la libertad de expresión?
¿Cómo evaluar la respuesta del Estado ante un crimen contra la libertad de expresión?
Como lector crítico, debes saber distinguir entre la Fiscalía Estatal (FGEO) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE – FGR). La FGEO depende de los recursos del estado donde ocurrió el crimen (lo que a menudo la expone a presiones políticas del Gobernador en turno). La FEADLE, por el contrario, es una instancia federal diseñada para atraer casos precisamente cuando las fiscalías locales son ineficientes o cuando existe la sospecha de que el crimen organizado o el gobierno estatal están coludidos para silenciar la libertad de informar.
Para auditar si las declaraciones de las autoridades son genuinas o solo «gestión de crisis mediática», observa los expedientes: una declaración pública de «estoy dispuesto a declarar» no vale nada si la FEADLE no emite citatorios formales e integra esas comparecencias en una carpeta de investigación real orientada a dar con los autores intelectuales del homicidio.
Rendición de cuentas a la FGR y SEGOB
Exigimos a la FGR y a la Secretaría de Gobernación: ¿Qué funcionarios locales del Mecanismo de Protección y de la FGEO serán sometidos a investigación por omisión dolosa al haber desestimado las denuncias públicas de peligro que Alejandro Leyva emitió antes de ser ejecutado?
