Jaime GUERRERO
Oaxaca.- (pagina3.mx).- Por orden de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Consejo General de Organismo Público Local-Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), determinó embargar prerrogativas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 4 millones 840 mil 671.42 pesos para pagar un laudo a cinco ex-empleados de ese instituto político.
En sesión ordinaria del órgano electoral local, los consejeros encabezados por Gustavo Nájera Meixueiro, aprobaron esa medida determinada por la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante la cual requirió al OPLE-IEEPCO, cumplir con el laudo el pasado 18 de noviembre del 2012.
Para ello el órgano electoral tendrá que disponer de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las prerrogativas ordinarias del PRI.
Con el cumplimiento al mandato jurisdiccional, los ex empleados del PRI, Agustín Vera Márquez, recibirá 939 mil 816.82 pesos; Jorge Aroche Tarasco, 1 millón 645 mil 287.78 pesos; Lorena Chagoya Rendón, 939 mil 816.82 pesos; Ricardo Adolfo Gonzales Huerta, 845 mil 845.8 pesos y Nancy Rayón Manuel 469 mil 904.2 pesos.
Fue el pasado 25 de febrero del 2014, cuando la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando intento ejecutar el laudo. En ese entonces, los anteriores consejeros encabezados por Alberto Alonso Criollo, se negaron a cumplir con la sentencia.
No obstante, el nuevo consejo del OPLE-IEEPCO, determinó retener 4 millones 840 mil 671.42 pesos al PRI, para pagar un laudo a cinco ex-empleados de ese instituto político.
En los considerandos del acuerdo, el órgano electoral, justificó su determinación al asentar que el retener las prerrogativas al PRI, no contraviene los fines para los que fueron asignados los recursos públicos que por concepto de financiamiento público recibe el tricolor, destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
Aun cuando por unanimidad de los consejeros se avaló embargar prerrogativas al PRI, se cuidará que la aplicación del financiamiento público se apague a derecho, y se cuide la proporcionalidad a fin de no afectar el debido funcionamiento del PRI.
