Los delitos que se investigan son homicidio calificado, lesiones, disparo de arma de fuego, robo, abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza.
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Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), integró la averiguación previa 129/2015 y ha solicitado en dos ocasiones a la Sedena que informe el nombre de los elementos que participaron en el operativo del 19 de julio, los vehículos que utilizaron, las órdenes que recibieron, los mandos castrenses involucrados, además de que envíe los fusiles que utilizaron ese día para realizarles pruebas de balística.
Raymundo Ortiz Martín del Campo, abogado de la comunidad de Santa María Ostula, señala que el asesinato del niño Hidelberto Reyes García “fue un acto de toda maldad, se trata un homicidio doloso cometido por soldados y el Ejército Mexicano está protegiendo a sus elementos, pues si mandaran las armas, daríamos rápidamente con los responsables, ya que la prueba de balística que se alojó en la cabeza de Hidelberto está casi completa y pronto sabremos el resultado”.
En un principio la Procuraduría General de Justicia de Michoacán inició por oficio la averiguación previa por el asesinato del menor de 12 años, pero se declaró incompetente al encontrar que las pruebas de balística de los elementos de la Fuerza Ciudadana resultaron negativas, que los elementos estatales declararon que ellos no dispararon y que todos los testigos de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, señalaron a los militares como los responsables del homicidio y de las lesiones de otros cinco comuneros.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/12/ostula-y-el-regreso-de-los-comunitarios-ojarasca-7297.html
