El feminicida confeso de la joven Viridiana Flores Ramírez de 21 años de edad se le otorgó un amparo federal de excarcelación supuestamente por presentar problemas de salud.
Omar Fernando Rosales Toledano, quien era secretario particular del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar pudo obtener un amparo federal del juez quinto, José del Carmen Constantino Avendaño.
En junio del 2013 Omar Fernando Rosales Toledano asesinó a la joven Viridiana y arrojó su cuerpo al puente San Cristóbal. Fingió que la joven fue secuestrada y hasta pidió un rescate a sus padres, quienes sospechaban de él porque su hija había sostenido una relación sentimental y lo abandonó por sufrir violencia física. Fernando Rosales Toledano se dio a la fuga, pero fue aprehendido días después.
Juan Carlos Flores Santiago, padre de Viridiana ofreció este miércoles una conferencia de prensa para denunciar que el feminicida de su hija fue excarcelado y desde hace dos meses está en el Sanatorio Rojas en Tuxtla Gutiérrez.
El amparo se le concedió, supuestamente, por problemas gastrointestinales y con el nervio ciático. Ambos padecimientos podrían haber sido atendidos al interior del penal, pero la defensa del feminicida argumentó que no había medicamentos en el centro penitenciario.
Los familiares de Viridiana temen que Fernando Rosales se dé a la fuga y responsabilizaron de ello a las autoridades penitenciarias; al secretario de seguridad pública en el estado, Jorge Luis Llaven Abarca; así como al juez federal que otorgó el amparo.
Exigieron a las autoridades que el feminicida de su hija sea regresado a la cárcel y continúe en ese lugar su tratamiento.
Los padres de Viridiana han tenido que salir a los medios de comunicación en más de una ocasión para denunciar la forma en cómo se ha llevado el proceso del feminicida confeso.
En Septiembre del 2014 denunciaron que el juez Julio Cesar Morales Ríos aceptó llevar a cabo la reconstrucción del crimen, a petición del acusado, con el cuerpo de un cerdo. La diligencia fue suspendida ante la indignación de la familia y la ciudadanía por no respetar Ley de Víctimas, que establece que estás deben ser tratadas, aun ya muertas, con humanidad y respeto a su dignidad.
