Pedro MATÍAS
OAXACA, (pagina3.mx).- Las pruebas de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto al caso de Ayotzinapa son insuficientes y no permiten llegar a una conclusión científica de los hechos aludidos, por el contrario, intentan frenar la demanda de la opinión pública nacional e internacional para la presentación con vida de los 43 normalistas.
Así concluyeron los profesionales interdisciplinarios del derecho, la psicología y la medicina que participan en el diplomado “Investigación de la tortura: manejo del protocolo de Estambul”, quienes exigieron al Gobierno Federal que la información que se dé a conocer sea sustentada científicamente, a través de todas las pruebas periciales posibles.
También demandaron que se realicen todos los esfuerzos para buscar con vida a los 43 jóvenes hasta dar con su paradero, esclareciendo los hechos, evitando por todos los medios cualquier obstaculización de los procesos de búsqueda y la revictimización de las familias.
Consideran que el Estado y todos los actores involucrados deben promover y facilitar la participación de los familiares en los procesos de búsqueda e investigación forense.
De igual forma, exigieron que el gobierno informe sobre los resultados obtenidos en todas las fosas clandestinas descubiertas en la región; que esclarezca el papel del Ejército en estos hechos, así como las redes de corrupción que involucran a autoridades municipales, estatales y federales.
Pidieron que el Estado asuma la responsabilidad de las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron por acción u omisión de los distintos niveles de gobierno y que
cumpla con la obligación de llevar a cabo una reparación integral de daños en base a los estándares internacionales que ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los participantes del diplomado que se realiza en esta capital expresaron su preocupación por las declaraciones realizadas, el pasado 7 de noviembre, por el Procurador Jesús Murillo Karam en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero.
Y es que tomando en consideración la reconstrucción de los hechos realizada por la PGR y el video presentado, observaron que “no reprodujo elementos fundamentales de la forma y posición en que fueron trasladadas las 43 o 44 personas en los dos vehículos mencionados en los testimonios.
Además, omitió la reproducción de la ejecución de las personas que conforme a las declaraciones, estaban vivas al momento de llegar al basurero de Cocula; no informa de las pruebas periciales practicadas a los vehículos donde se presume fueron trasladadas las 43 o 44 personas.
Tampoco se se realizó la reproducción de la mecánica completa de cómo fueron arrojados los cuerpos, incumpliéndose la obligación de recrear las mismas características de los eventos narrados.
También refiere el calcinamiento total de los cuerpos el cual es científicamente improbable, en particular, dada la ausencia de pruebas de que se haya realizado una hoguera de grandes dimensiones en el lugar de los hechos.
Por consiguiente, hasta el momento en que fue presentado el video con la supuesta “reconstrucción de hechos” no existen las pruebas contundentes para darle veracidad a las declaraciones de los detenidos, puntualizaron.
Mencionaron que no es posible darle credibilidad a estas declaraciones cuando científicamente no hay forma de corroborarlas, es decir, que en el presente caso no se ha cumplido con una investigación apegada a los lineamientos de las Ciencias Forenses quedando evidenciada la falta de responsabilidad de la PGR en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos.
Lo que cuestionan es la particular gravedad de las declaraciones emitidas por el Procurador, pues tienen en este sentido, un efecto directo de revictimización de las familias, ya que a falta de elementos para llegar a conclusiones contundentes deja a los familiares en un estado de desgaste emocional, inestabilidad y una incertidumbre al no saber el paradero y la situación de sus seres queridos.
Cabe recordar que la desaparición forzada se convierte en una forma de tortura recurrente, que trae como consecuencias secuelas en la esfera de lo individual, familiar y social; lo cual se observa con las familias de los jóvenes, quienes desde hace más de 40 días permanecen en la Escuela Normal “Isidro Burgos”, dedicados todos a dar con el paradero de sus hijos. Asimismo, las desapariciones forzadas rompen el tejido social y generan impacto no sólo en las victimas afectadas de manera directa sino en la sociedad en general.
