San Raymundo Jalpan, Oaxaca., 16 de agosto de 2016.- El integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Martínez Ramírez presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para solicitar la reforma de los artículos 10, 15 y 16 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca, a fin de impulsar políticas que reconozcan las identidades culturales para dotar a los pueblos indígenas instrumentos y oportunidades que requieren para determinar su coexistencia con otras culturas.
Durante su exposición de motivos, el diputado panista señaló que el desarrollo social se logra cuando una sociedad adquiere mejores condiciones de vida de forma sustentable, por lo cual se relaciona al desarrollo económico que implica un mejor acceso a bienes y servicios por parte de la población, además de requerir de paz, igualdad de oportunidades, equidad, entre otros.
El legislador aseveró que el desarrollo social es el objetivo principal del Estado para los gobiernos y atender las necesidades básicas en igualdad, asegurando con ello el acceso a una mejor calidad de vida y a la expansión de su libertad, “el éxito de las políticas públicas deben estar enfocadas al desarrollo social en términos étnicos, religiosos, culturales y de género, sin dejar de lado el acceso y distribución de recursos”.
“Oaxaca se integra de 16 pueblos indígenas, así como por el pueblo afromexicano, no podemos permitir que nuestros pueblos sean caracterizados por ser un grupo vulnerable. Ser indígena o afromexicano aumenta la probabilidad de una persona de estar en condiciones de pobreza, alcanzar menos años de educación y tener un menor acceso a servicios básicos de salud, de ahí la importancia de impulsar reformas que garanticen el respeto a la diversidad étnica”, enfatizó el diputado.
Explicó que el fundamento de la integración nacional no radica en reconocer la singularidad social, sino en la aceptación de la diversidad, ya que la única homogeneidad que debe buscarse es la de la igualdad de oportunidades y de derechos humanos, sociales y culturales para todas las personas sin importar su origen racial, social, étnico, modo de vida, religión y sexo.
Ante ello, manifestó que es necesaria una política pública para atender de manera puntual las tareas principales de los gobiernos del ámbito del desarrollo social, desde el acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, la discriminación y exclusión de las que han sido objeto, garantizando el ejercicio pleno a una vida libre y con respeto a su “identidad cultural”.
Para su estudio la Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada a la Comisión Permanente de Administración de Justicia y a la de Desarrollo Social.
