Jaime GUERRERO
Oaxaca, Oax. (pagina3.mx).- El Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura, Alejandro Martínez Ramírez, pidió al gobierno de Oaxaca y Baja California, garantizar el respeto a los derechos humanos de los jornaleros agrícolas oaxaqueños y oaxaqueñas que laboran en los campos de cultivo de San Quintín, Baja California, y castigar con forme a derecho todo movimiento xenofóbico contra éstos.
El legislador local del PAN, refirió que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, estableció un programa de acción en el que los Estados, están obligados a adoptar medidas constitucionales, administrativas, legislativas y judiciales y todas las disposiciones necesarias para promover, proteger y garantizar el ejercicio por los pueblos indígenas de sus derechos.
Así como para garantizarles el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales sobre la base de la igualdad, la no discriminación y la participación plena y libre en todas las esferas de la sociedad, en particular en los asuntos que les afectan o interesan.
Martínez Ramírez, reprobó la creación del movimiento xenofóbico «Exterminio de Oaxacos en B.C.» en el que literalmente llaman a aniquilar a jornaleros agrícolas oaxaqueños que laboran en los campos de cultivo de San Quintín.
Por el contrario, pidió a los gobiernos de Oaxaca y Baja California, promover el conocimiento y el respeto de las culturas y el patrimonio indígenas y sancionar a los creadores del movimiento contra los y las oaxaqueños de origen indígena oaxaqueño.
Recordó que la ONU en la conferencia mundial contra el racismo, pide a los Estados que adopten políticas públicas y den impulso a programas a favor de las mujeres y las niñas indígenas y en concierto con ellas con el fin de promover sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Poner fin a su situación de desventaja por razones de género y origen étnico; resolver los apremiantes problemas que las afectan en materia de educación, salud física y mental y vida económica y eliminar la situación de discriminación exacerbada que padecen las mujeres y las niñas indígenas al combinarse el racismo y la discriminación sexual.
Señaló que se tiene que promover en colaboración con las organizaciones indígenas, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales, medidas encaminadas a superar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia contra los pueblos indígenas y efectúen evaluaciones periódicas de los progresos logrados a este respecto.
Del mismo modo, demandó que se promueva la comprensión en la sociedad en general de la importancia de las medidas especiales para superar las desventajas a que hacen frente los pueblos indígenas.
Martínez Ramírez, recordó que las instituciones del Estado Mexicano, deben de luchar contra las manifestaciones de rechazo generalizado de los migrantes y oponerse activamente a todas las manifestaciones racistas y actos que engendren conductas xenófobas y sentimientos negativos hacia los migrantes o su rechazo.
Consideró que es urgente, promover la educación sobre los derechos humanos de los migrantes y organizar campañas de información para velar por que el público esté debidamente informado de los migrantes y de los asuntos de los migrantes.
Y en medio de las violaciones a derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas, demandó revisar y modificar, leyes, políticas y procedimientos de inmigración a fin de eliminar de ellos todo elemento de discriminación racial y hacerlos compatibles con las obligaciones de los Estados en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos
