Jaime GUERRERO
Ex integrantes del anterior Comité Ejecutivo Seccional (CES) acusaron a la actual dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de haber incurrido en actos ilegales.
Ello por suspender a más de 185 trabajadores y trabajadoras que conformaron el CES 2017-2022 y organismos auxiliares, señalados de haber incurrido en actos de corrupción.
Y es que la actual dirigencia de la Sección 22 que encabeza Yenny Aracely Pérez Hernández, inhabilitó a 187 ex integrantes del CES y organismos auxiliares.
De esos, 155 adscritos al CES 2017-2022, cinco del CETEO, 15 de CEDES 22, cuatro de CEPOS 22 y ocho adscritos a espacios ganados por el MDTEO.
Aglutinados en el Comité de la Resistencia, representantes del personal inhabilitado “provisionalmente” afirmaron que las negociaciones políticas y económicas del magisterio disidente recayeron en tres carteras:
- La Secretaría General, que encabezó Eloy López Martínez.
- Secretaría de Organización, que de 2017 a 2022 estuvo a cargo de Genaro Martínez Morales.
- Y la Secretaría de Finanzas, de José Carlos Alonso.
Aclararon que los que deben ser investigados de actos irregulares deben ser los responsables de esas carteras sobre las que recayó la representación del magisterio en las mesas de negociación.
Señalaron que esos dirigentes son los únicos que ingresaron a todas las negociaciones sostenidas con autoridades estatales y federales.
Indicaron que la Dirección Política de la Sección 22 tiene que revisar la autonomía de la Comisión de Honor y Justicia y que se debió enviar un ofició a cada ex integrante del Comité Ejecutivo Seccional 2017-2022, toda vez que no estaban enterados de la inhabilitación.
Asimismo exigieron a la actual dirigente dé una explicación de esta acción, ya que es una violación a sus derechos laborales y principios rectores del magisterio oaxaqueño.
Indicaron que hay personas que se han dedicado a dividir el movimiento democrático, por lo que piden un proceso justo.
Advirtieron que inhabilitar al resto de los integrantes de los organismos del CES y entidades auxiliares es un atentado contra sus derechos laborales y sindicales.
Por lo pronto, exigieron a la dirigencia a revocar el acuerdo publicado y sujetarse a la legalidad.
“Una inhabilitación sindical atenta y vulnera los derechos de los trabajadores, de los ex comisionados sindicales, por ello hacemos esta denuncia pública también porque nosotros sabemos que al interior del movimiento habrá trabajo para que se aclaren los hechos que se mencionan, principalmente se habla de corrupción”, demandó el porta voz de los inconformes.
Explicaron que en el Comité Seccional hay tres carteras de orden general que fueron las encargadas de la política de negociación de la Sección 22:
“El profesor Eloy López Hernández, Genaro Martínez Morales y José Carlos López Alonso son los tres que entraban a las mesas de negociación nacional y estatal”.
“Esa burbuja fue la que manejó toda la información y no fue del conocimiento del comité seccional”, afirmaron.
Reiteraron que “los trabajadores no pueden ser inhabilitados de manera oficial porque atenta contra su derecho laboral” y el principio número 14 del movimiento magisterial establece que “los derechos de los trabajadores no están sujetos a votación”.
