La evaluación se queda corta.
En esas conclusiones se pone a México como ejemplo de los escenarios catastróficos inducidos por la guerra contra las drogas declarada por Felipe Calderón desde los albores de su sexenio: un incremento desmesurado de los homicidios y violaciones a los derechos humanos y una afectación a la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo.
Lo dicho por el funcionario internacional está en plena correspondencia con lo que afirmaron recientemente los integrantes de una comisión de expertos médicos en el sentido de que las políticas antinarcóticos basadas en la prohibición contribuyen directa e indirectamente a la violencia letal, la enfermedad, la discriminación, el desplazamiento forzado y el dolor físico innecesario, y minan las garantías de los pueblos a la salud .
En una audiencia pública de cara a la posición que habrá de llevar el gobierno mexicano a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre los estupefacientes prohibidos, el representante de la oficina del organismo multinacional contra la droga y el delito, Antonio Mazzitelli, dijo ayer que la guerra contra las drogas declarada hace 35 años se ha acabado , destacó que el problema de las adicciones corresponde al ámbito de la salud pública y señaló la pertinencia de reconocer los derechos de los consumidores, en quienes debería reconocerse enfermedad, no criminalidad.
Las estrategias antidrogas adoptadas en nuestro país desde los años setenta del siglo pasado por presiones de Washington, y llevadas hasta un cruento paroxismo en el sexenio anterior y en lo que va del presente, no sólo no han incidido en una reducción del consumo de estupefacientes en Estados Unidos, sino que lo han disparado en México; han dejado decenas de miles de muertes y desapariciones; han propiciado que regiones enteras caigan bajo el control de organizaciones delictivas; han minado gravemente la integridad de las instituciones, particularmente las corporaciones de la fuerza pública y las instancias de procuración e impartición de justicia; han destrozado el tejido social en entidades como Tamaulipas, Michoacán y Guerrero; han generado una crisis gravísima de derechos humanos en el país; han propiciado una corrupción de escalas astronómicas y han erosionado la confianza de la sociedad en los procesos políticos, en las autoridades y en el país mismo.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/29/opinion/002a1edi
