Presentan iniciativa que propone incrementar sanciones penales y administrativas a funcionarios que atenten contra libertad de expresión y violen derechos humanos
Pedro MATÍAS
Un informe ciudadano reveló que sólo durante los tres primeros años del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa fueron documentados 21 asesinatos de personas defensores. Solo en 2019 fueron asesinados seis defensores indígenas, cinco de ellos, con armas de fuego.
La defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca precisó que entre enero de 2015 y hasta el primer semestre de este 2022, han integrado 272 investigaciones relacionadas con agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, el 32 por ciento tienen que ver con detenciones arbitrarias.
Mientras que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha informado que Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional con respecto a personas defensoras bajo su protección, con un total de 131, de las cuales 63 son mujeres y 68 hombres.
En el caso de periodistas, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció que en la actual administración de Alejandro Murat se han cometido tres asesinatos de periodistas y 163 agresiones, sin olvidar que desde el 21 de enero de 2018 se encuentra desaparecido Agustín Silva Vázquez, reportero de la sección policiaca del periódico Sol del Istmo.
De enero de 2015 al 17 de febrero de 2022, la Defensoría de ha iniciado 293 investigaciones derivadas de quejas o cuadernos de antecedentes relacionados con violaciones a los derechos de periodistas en la entidad donde las autoridades más señaladas son: policías municipales, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Congreso del Estado de Oaxaca y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Ante este preocupante panorama, las organizaciones advierten sobre la necesidad de las reformas ante el aumento en la frecuencia y el nivel de violencia de los ataques contra periodistas y personas defensoras en el estado, que han implicado asesinatos, allanamientos, amenazas y otros agravios, principalmente de servidores públicos.
Después de realizar la entrega, las y los proponentes urgieron a diputadas y diputados a examinar y aprobar el paquete legislativo, frente a la grave situación en que se encuentran esos derechos a unos meses de concluir el sexenio de Alejandro Murat, en el que han prevalecido la complicidad, la permisibilidad y la impunidad.
La propuesta incluye también disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para garantizar la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.
El paquete legislativo, explicaron, es una propuesta ante la falta de respuesta gubernamental derivada de la falta de coordinación entre las diferentes instituciones relacionadas con el tema, lo que ha permitido que la impunidad y la corrupción sigan imperando en el estado.
La iniciativa, respaldada por 38 organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña, busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, el Código Penal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Acudieron al recinto legislativo para entregar la propuesta Yésica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Marcos Leyva Madrid y Gilberto Zarate, de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA); Nadir Hernández Quiroz y Rómulo Díaz Rojas, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; el periodista Pedro Matías Arrazola, y Angélica Ayala Ortiz, del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos.
La iniciativa cuenta con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca ; Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA; Iniciativas para la Mujer Oaxaqueña, IDEMO; Tequio Jurídico; Flor y Canto; Comité de Familiares de Damián Gallardo Martínez; Guardianes del Mar; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh-Oaxaca; Maderas del Pueblo del Sureste y Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas.
También suscriben el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos; Red Mariposas de Mujeres Mixes; Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, OIDHO; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño ; Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad, Calpulli; Brigada Humanitaria de Paz Marabunta capitulo Oaxaca; Espiral por la Vida; Colectiva Chicatanas; SURCO; Siempreviva Mujeres con Autonomía; CAI Piña Palmera y Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, entre otras.
Las organizaciones reafirmaron la urgencia y necesidad de transitar de estas reformas que puedan hacer frente a la grave realidad que vive Oaxaca, confiando en el compromiso de la 65 legislatura en la materia.
