Presidenta de Santiago Choápam denuncia violencia política de género y amenazas de ex actores de la masacre de 2011 por negarse a entregar recursos en efectivo
Jaime GUERRERO
La presidenta municipal de Santiago Choápam, Oaxaca, Hermelinda Santiago García, denunció este martes ser víctima de una escalada de violencia política en razón de género, amenazas de muerte y una campaña de desprestigio que la acusa falsamente de retener recursos públicos destinados a las agencias municipales.
En conferencia de prensa, la edil —primera mujer en asumir el cargo en este municipio de la Sierra Norte regido por usos y costumbres— afirmó que las agresiones iniciaron desde su toma de posesión en 2023, pero se han intensificado dramáticamente en las últimas semanas ante la inminencia del proceso electoral interno que renovará la presidencia el 7 o el 14 de diciembre próximo.
Santiago García aseguró que el trasfondo del conflicto es el rechazo de ciertos liderazgos políticos y docentes de la Sección 22 del SNTE a que una mujer vuelva a encabezar el municipio, así como la exigencia de entrega directa y en efectivo de recursos de los ramos 28 y 33, fondos federales que, enfatizó, están destinados exclusivamente a obra pública y no a acuerdos particulares con grupos de poder.
“Quieren que la siguiente autoridad no sea mujer y pretenden que yo les entregue dinero en efectivo del ayuntamiento”, declaró.
La presidenta señaló directamente como responsables de las amenazas a Leonel Díaz y Leogivildo Dionel, a quienes vinculó con la masacre de 2011 en Choápam —donde nueve personas fueron asesinadas en un conflicto postelectoral— y que, según dijo, regresaron recientemente a la comunidad exigiendo recursos.
También mencionó a Nivardo Cano, profesores de la Sección 22 y autoridades comunitarias de las agencias Santo Domingo Latani y Santa María Yahuive.
Desde hace cuatro días, la comunidad de San Jacinto Yaveloxi —de donde es originaria la presidenta— permanece sin energía eléctrica y con los accesos bloqueados por pobladores de esas agencias, lo que mantiene prácticamente retenidas a varias familias, incluida la suya.
Santiago García afirmó que estas acciones buscan expulsarla definitivamente del municipio y que teme que se repitan episodios violentos como los de 2011.
La edil reveló que desde 2023 ha solicitado medidas cautelares por temor a su vida y que actualmente cursa una denuncia penal por violencia política en razón de género. A pesar de ello, aseguró que “no la han dejado trabajar” desde el primer día de su gestión y que las amenazas han sido constantes.
Hermelanda Santiago García hizo un llamado urgente al gobernador Salomón Jara Cruz y al gobierno federal para que intervengan de inmediato y garanticen su seguridad, la de su familia y el desarrollo pacífico del proceso electoral, así como el respeto a la paridad de género y los derechos políticos de las mujeres en comunidades de sistemas normativos internos.
