Ciudad de México, 12 de febrero de 2025. El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y Oxfam México presentaron un Amicus Curiae -informe técnico hecho por terceros no involucrados en el proceso- ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para respaldar el amparo que busca garantizar la recuperación de las pesquerías deterioradas en México, lo cual afecta directamente la preservación y mejoramiento del medio ambiente, así como los derechos de las personas que viven de la actividad pesquera.
Las organizaciones argumentaron ante la Ministra Loretta Ortiz Ahlf que México ha incumplido sus obligaciones internacionales al no adecuar su marco normativo para proteger y recuperar las especies pesqueras sobreexplotadas, violando con ello los derechos humanos al medio ambiente sano y a la alimentación.
«México está obligado por tratados internacionales a preservar y restaurar las pesquerías. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el T-MEC contienen normas que obligan al Estado a preservar y restablecer las poblaciones de especies marinas capturadas. No adoptar normas específicas que garanticen estas obligaciones viola los derechos humanos de las comunidades pesqueras», señaló Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva de ProDESC.
Con esta acción, Oxfam y ProDESC se suman a las 12 organizaciones y cooperativas pesqueras de Sinaloa, Nayarit y Oaxaca que ya habían presentado escritos similares ante la SCJN. Entre ellas destacan: el Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad Nuiwari, el Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza y ocho sociedades cooperativas de producción pesquera de la costa oaxaqueña.
«Lo que se busca es garantizar el derecho a la alimentación y a un medio ambiente sano de las comunidades costeras. Por ello, la ausencia de una base legal efectiva para la recuperación de especies pesqueras deterioradas perpetúa ciclos de pobreza y vulnera derechos fundamentales», señaló Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.
Las organizaciones coinciden en que la falta de un marco legal, por parte del Congreso de la Unión, que obligue a la restauración de pesquerías incumple obligaciones internacionales asumidas por México, lo cual afecta especialmente a las comunidades costeras y vulnera los derechos fundamentales de las familias que viven de la pesca ribereña.
