Los programas ordinarios de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres realizados en la Ciudad de México son insuficientes, lo que se necesita es un plan de acción extraordinario para atender la magnitud del problema, advirtió este miércoles la representante de Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido.
“Necesitamos acciones extraordinarias para por lo menos disminuir la violencia feminicida, y tener plazos. Decir de aquí a tres años voy a incrementar el acceso a la justicia en estos casos. Eso es lo que se está solicitando como algo adicional a los programas de política pública que ha propuesto el gobierno”, dijo.
Desde 2017, esta Justicia Pro Persona ha pugnado para que en la Ciudad de México se emita una alerta de género, para cambiar los procesos institucionales que impiden el acceso a la justicia de las mujeres, por no mencionar una vida sin violencia.
“El gobierno no sólo debe tener una reacción coyuntural ante casos específicos o ante la visibilización mediática de una violación o por alguna otra razón. Está bien que ya quieran dar respuestas inmediatas, pero también deben atender estas fallas que hacen que todas las mujeres tengamos casi seguro que vamos a ser revictimizadas por la violencia institucional al interior de estas organizaciones”, señaló.
La activista propuso que no sólo se debe capacitar a los funcionarios públicos sino establecer sanciones para aquellos cuyas fallas propicien impunidad.
Ana Yeli Pérez fue una de las asistentes a la mesa de diálogo que instauró el gobierno de la Ciudad de México con organizaciones civiles para plantear soluciones ante la violencia sexual, dos días después de la marcha #Nomecuidanmeviolan.
Otra asistente fue María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien destacó la necesidad de conocer los avances de las iniciativas gubernamentales, como los de la procuraduría especializada en feminicidio, creada al inicio del gobierno de Sheinbaum.
“¿Qué ha pasado con las abogadas que pusieron a acompañar los procesos judiciales en los Ministerios Públicos?”, cuestionó.
El lunes pasado cientos de mujeres, sobre todo jóvenes, salieron a las calles para exigir seguridad y justicia en el caso de una menor de edad que denunció a cuatro policías por violarla en una patrulla en la alcaldía Azcapotzalco.
Durante la protesta, las mujeres rompieron las puertas de vidrio de la Procuraduría General de Justicia, porque su titular, Ernestina Godoy, no aceptó reunirse con ellas.
Casi una hora después de concluida la protesta, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tildó como una provocación los daños a las instalaciones de la Procuraduría, lo que generó una oleada de críticas y al día siguiente tuvo que emitir un nuevo mensaje para informar que seis policías estaban separados de sus funciones para ser investigados por abusar de dos mujeres en distintos casos.
Enumeran acciones
Este miércoles, en la mesa de diálogo a la que no fueron invitadas las organizaciones que protestaron el lunes pasado, la procuradora Ernestina Godoy y la jefa de Gobierno listaron las acciones emprendidas para combatir la violencia institucional.
Como la creación de la defensoría de las mujeres, que puso en cada Ministerio Público a una abogada para dar acompañamiento legal en el proceso judicial de las mujeres que asisten a denunciar.
Enumeraron los actos emprendidos desde el inicio de su gestión: revisión y reclasificación de carpetas de investigación que cambiaban delitos de género por delitos como robo o amenazas; capacitaciones en perspectiva de género a policías; instalación de centros de atención a mujeres víctimas de violencia.
“Es el principio, pero sabemos que no es suficiente y necesitamos más”, reconoció la jefa de Gobierno.
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Especial, Gobierno de la Ciudad de México
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